Que la Justicia tiene muchos problemas es obvio: es lenta, está politizada, y necesita reformas y medios que no se le dan, olvidando que el retraso en la administración de justicia equivale a denegación de justicia. Según una encuesta reciente, 65% de los españoles piensan que funciona mal. Pero el Gobierno, en lugar de atender a estas necesidades, agrava el problema. El Gobierno ha manejado regular el asunto de la pandemia procurando escurrir el bulto y pasar el marrón a las Comunidades Autónomas. El resultado ha sido un cierto desbarajuste con cada gobierno local adoptando las medidas que le parecían más apropiadas contra un virus que no se detenía en los límites geográficos de la región. La confusión ciudadana ha sido descomunal y a ella también han contribuido los jueces con sentencias contradictorias. Además, en su afán de mirar los toros desde la barrera donde es más difícil que embistan, el Gobierno decidió utilizar el Estado de Alarma y no el de Excepción que suena peor y que tiene otras exigencias. Y el Tribunal Constitucional le ha tirado de las orejas y le ha recordado que con el Estado de Alarma no se pueden conculcar derechos fundamentales y confinarnos en casa. Un bombazo. Un error puede cometerlo cualquiera aunque se supone que el gobierno no debería incurrir en ellos porque para eso dispone de abogados del Estado, que son gente con sólida preparación jurídica. Eso ya es grave pero más grave aún es que varias ministras hayan salido en tromba a protestar contra la sentencia del Constitucional. En un país serio el Gobierno que recibe un varapalo de este calibre dimite o al menos se queda avergonzado y balbucea que no lo volverá a hacer. Aquí no, aquí el gobierno critica a los jueces del alto tribunal por no tener “sentido de Estado” como se ha atrevido a decir la ministra de Defensa Margarita Robles (¡que es jurista!), o por carecer de la sensibilidad de “ponerse en lugar del gobierno” ya que “si lo hubiera hecho” - ha dicho Isabel Rodríguez, ministra portavoz- “habría tomado las mismas medidas”. Y Pilar Llop, ministra de Justicia, ha puesto la guinda al decir que son precisamente esas medidas las que han salvado cientos de miles de vidas. Es imposible encadenar más insensateces.