Los partidos políticos catalanes favorables a la ampliación del aeropuerto de El Prat suman más de cien diputados. Casi el 80% de los escaños del Parlament. Sin embargo, en la sociedad las cosas son muy distintas. Aunque no hay todavía encuestas sobre el preacuerdo suscrito por el gobierno de España y el de la Generalitat, se multiplican los indicios de una oposición social que alcanza más allá de los sectores representados por la CUP, En Comu Podem y el ecologismo tradicional. Los sondeos hechos por algunos medios entre sus lectores –entre ellos EL PERIÓDICO–, las tomas de posición contrarias de los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, las discrepancias que afloran dentro de los partidos del gobierno catalán, y una agria y variopinta campaña en las redes, preámbulo de la manifestación prevista para setiembre, revelan la existen de un frente del no más transversal. Su alcance está por ver, pero Aena y la Generalitat deben tenerlo en cuenta si no quieren enfrentarse a un conflicto de dimensiones desconocidas. Para ganar la batalla de la opinión pública, deberán asegurar el interés social del proyecto de ampliación y garantizar su sostenibilidad ambiental.