A raíz de la presentación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, retornan con crudeza las posiciones del PSOE que ratifican lo ya establecido en la ley de 2007 respecto a no aceptar la ilegalidad de los tribunales franquistas, de lo cual se desprende que una hipotética declaración de nulidad subsiguiente nunca será asumida por los tribunales sentenciadores ni será susceptible de generar otros efectos. Más allá de blindar, por lo tanto, la legalidad franquista, no se pretende derogar la preconstitucional Ley de Amnistía de punto final de 1977 que ha sido el gran argumento utilizado durante décadas para impedir llevar a los verdugos franquistas ante los tribunales. Por este motivo las víctimas tuvieron que interponer en 2010 una querella por delitos de genocidio cometidos por la dictadura franquista ante un juzgado penal de Argentina.