Servicios esenciales y obligatoriedad de la vacuna

Para marcharse de vacaciones con los deberes hechos, el 'conseller' de Educació, Josep G. Cambray, expuso la semana pasada cómo están preparando el próximo inicio del curso: escuelas abiertas con presencialidad cumplida y maestros vacunados. España ha sido de los pocos países del mundo que ha conseguido mantener las escuelas abiertas durante el curso pasado, lleno de incertidumbres y amenazas, y así se quiere que siga durante el 2021-22. Todo un éxito que han hecho posible responsables políticos, personal docente, familias y niños y jóvenes. Además, la idea es que en función de la evolución de la pandemia y el adelanto en la vacunación se puedan ir relajando las medidas de protección (mascarillas, grupos burbuja, etc.). Vinculado a esto expuso que, en estos momentos, los y las trabajadoras de centros educativos están vacunados al 92%. Es un buen dato, y seguramente avanzará durante el verano, según decía el mismo 'conseller'. Ahora bien, no deja de poner un interrogante sobre la mesa: ¿qué pasará con los y las maestras que no se quieran vacunar? Estos profesionales interactuarán con niños no vacunados (hasta 12 años no está prevista la inmunización) y con adolescentes y jóvenes en proceso (difícilmente, con la disponibilidad de vacunas existente, se podrá avanzar antes de que empiece el curso en el tramo de 12-16 años). Como se ha demostrado durante el último curso, los focos mayores de transmisión en la escuela y en secundaria han sido los adultos hacia niños y adolescentes. Este caso es solo un ejemplo. Otros quizás todavía son más sobrecogedores. A día de hoy, no tienen la pauta completa de la vacunación covid-19 un 10,4% del personal de residencias, un 8,5% del personal de atención primaria y hospitalaria, y un 15,3% de otro personal del ámbito sanitario y sociosanitario, según datos de Salut. Posiblemente, una parte de estos agujeros en la vacunación de los profesionales que forman parte de los servicios esenciales sea debido a ineficiencias del sistema de vacunación -que se tendrían que resolver con urgencia- y a la alta rotación de trabajadores en algunos servicios (centros de gente mayor, por ejemplo). Pero me atrevería a decir que otra parte lo es por voluntad. ¿Qué hacemos con estos profesionales? ¿Nos podemos permitir el lujo de que sean la puerta de entrada de contagios en centros (como ya hemos visto, como mínimo, en residencias), con un virus que todavía corre y mucho? ¿Cómo se resuelve esta colisión de derechos? El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna, a diferencia otros países europeos, no se encuentra aquí muy presente en la agenda pública y política. El hecho de que el rechazo a la inmunización sea relativamente reducido seguramente es el principal motivo. En la última oleada de la encuesta panel sobre valores y covid del CEO se apunta que un 4,5% de los encuestados, con toda seguridad, no estaría dispuesto/ta a vacunarse contra el covid-19, y un 6,9% probablemente no se vacunaría. Estaríamos hablando de una de cada 10 personas, un dato importante pero comparativamente menor, en el entorno europeo. Las altas coberturas vacunales han sido una constante en la historia sanitaria del Estado: la inmunización infantil general se sitúa alrededor del 98%. Ahora bien, cuando desgranamos los datos sobre la aceptación de la vacuna del covid-19 vemos diferencias importantes entre perfiles sociales. Por edades: los menores de 25 años son los menos reticentes a las vacunas (5,1%) y los adultos entre 35 y 49 años los más reticentes (15,3%). Por nivel de estudios: el rechazo entre los que tienen estudios universitarios se sitúa por debajo de la mediana (10,8%) y los que tienen primarios escala hasta el 17,6%. Por género: los hombres (10,8%), un punto más bajo que las mujeres (11,8%). En este sentido, hay colectivos sociales que preocupan especialmente. Sin ir más lejos, utilizando las variables apuntadas: un 30,7% de las mujeres, de 35 a 49 años, y con estudios primarios rechazan vacunarse. Tres veces más que la media general. En definitiva, dos problemas a afrontar. Primero, la existencia de colectivos sociales reticentes a la vacunación, por desconocimiento o desconfianza en el sistema, con consecuencias inmediatas en hospitalizaciones, UCI y mortalidad. Harían falta programas específicos de fomento de la vacunación segmentados. Segundo, los profesionales de servicios esenciales que no se inmunizan. Su salud impacta en la otros personas, en gran parte vulnerables. Los expertos alertan de que la obligatoriedad puede generar resistencias contraproducentes, pero es evidente que algo se tiene que hacer. Hablemos.

Servicios esenciales y obligatoriedad de la vacuna

¿Nos podemos permitir el lujo de que los profesionales de servicios esenciales que rechazan la inmunización sean la puerta de entrada del virus, en escuelas, centros sanitarios y residencias de ancianos?

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