La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene mucha razón en su crítica al Tribunal Constitucional. Una exigua mayoría ha optado por enfangarse en un debate doctrinal con fuertes implicaciones partidistas (pues no olvidemos que el recurso fue interpuesto por Vox), en lugar de primar el sentido de Estado ante un escenario que nadie pudo prever antes. Pero lo más inquietante es que la alternativa que plantea para futuras crisis sanitarias es peor. La división entre los magistrados ha sido ideológica, aunque con notables excepciones, ya que ha habido dos miembros conservadores, el propio presidente, Juan José Rivas, y el vocal Andrés Ollero (exdiputado del PP), que han votado en contra de la ponencia de Pedro González-Trevijano, del ala más derechista del tribunal. En el otro lado, la profesora Encarnación Roca, que llegó al TC de la mano de CiU con el voto del PSOE, inicialmente dentro del bloque progresista, ha acabado apoyando la inconstitucionalidad de la aplicación del estado de alarma. Escisión ideológica, pero con matices.