Cuando en el otoño del año 2017 la crisis catalana se precipitó y el gobierno de los jueces empezó a imponer su lógica, todos sabíamos que los indultos a los presos políticos catalanes acabarían formando parte de cualquier estrategia que aspirase a deshacer el enorme avispero en el que la política catalana y española quedará atrapada una buen número de años. Sabíamos que mientras la judicialización del conflicto político y sus consecuencias se mantuvieran vivas estaríamos en un campo de minas y no habría una vía abierta a las soluciones políticas. Sin duda, el más honesto aquellos días fue el hoy ministro Iceta, que ya defendió los indultos en la campaña electoral de aquel invierno. Dicen que algunos miles de votos le costó la defensa de los indultos, entonces quizás apresurada, pero que hoy se ha convertido en la aportación más concreta, y sin duda más arriesgada en términos políticos, del Gobierno Sánchez a la recomposición del escenario político catalán en el camino del diálogo y la voluntad de acordar. Y algunos, durante los primeros meses del año 2018, mantuvimos contactos sumamente discretos con la cúpula judicial. Nos preocupaba que el PP anunciara reformas legislativas para acabar con la posibilidad de los indultos por los delitos de rebelión y sedición y buscábamos aislar el PP en aquella maniobra. Hubo gente relevante del ámbito judicial que nos dio una respuesta suficientemente clara: los jueces harán su trabajo y después la política, con los indultos, hará el suyo y tiene todo el sentido que así sea, nos decían.