Podemos repasar los Principios de Yogyakarta (elaborados en 2006, a petición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos): “La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal”. Podemos recurrir a la resolución del Consejo Europeo (2015), que insta a “desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados en la autodeterminación, para cambiar tanto el nombre como el sexo registral de las personas trans”. También podemos mirar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los ocho países europeos, las diez comunidades autónomas o, incluso, el documento elaborado por el PSOE en 2017 que contemplan la autodeterminación. Pero ha habido y habrá tiempo para los argumentos.