Y después de los indultos, ¿qué?, por Astrid Barrio

La concesión de indultos parciales a los políticos y activistas independentistas parece no tener marcha atrás. El Gobierno ha reconocido que podrían ser aprobados en Consejo de Ministros este mismo mes. Así pues, haciendo de la necesidad virtud -recordemos que en campaña electoral Pedro Sánchez abominaba de los indultos, no así dirigentes socialistas catalanes como Miquel Iceta o Salvador Illa- el Gobierno tomará una de las decisiones más trascendentales de la legislatura. Una decisión simbólica que tiene como objetivo trasladar a la opinión pública que el proceso soberanista ha acabado con la victoria de un Estado que se puede permitir ser generoso y que es necesario pasar página y abrir un nuevo tiempo político. Este es el argumento de utilidad pública, naturalmente determinado por el Gobierno, que es quien está legitimado para ello, aunque a nadie se le escapa que también hay argumentos de utilidad privada y que con esa decisión el ejecutivo tiene garantizada su continuidad. Excarcelar a políticos y a activistas independentistas es condición necesaria pero no suficiente para empezar a normalizar la situación política en Catalunya después de años de excepcionalidad. La decisión es un punto de partida, no de llegada y su utilidad pública solo será efectiva si va acompañada de otras decisiones que aborden políticamente el conflicto catalán. Es en este sentido que hay que interpretar la propuesta de Illa de elaborar un nuevo Estatut y someterlo, como es preceptivo, a un referéndum o las recientes palabras de Iceta en el Congreso, pronunciándose a favor de una reforma de la Constitución en sentido federal. La propuesta de Illa, anatema para muchos, tiene importantes implicaciones. Por un lado, supone reconocer los vicios del anterior Estatut. Vicios de salida, por la permanente subasta a la que fue sometido tal y cómo a posteriori reconoció el president Montilla. Y vicios de llegada, como el ‘cepillado’ que experimentó en las Cortes, la recogida de firmas del PP en su contra, los recursos de inconstitucionalidad y el fallo del Tribunal declarando nulos incluso artículos que seguirían vigentes en otros Estatutos. Y por el otro, implica aceptar que el conflicto es una cuestión que debe ser abordada entre catalanes. Sorprende por ello que la propuesta se haga en paralelo a la Mesa de Diálogo, cuya propia existencia implica la asunción del marco discursivo según el cual el conflicto no es entre catalanes sino entre Catalunya y España. Catalunya debe rehacer sus consensos internos pero también deben rehacerse en el conjunto de España. Eso sí, desde la lealtad institucional que tanto ha brillado por su ausencia, como mínimo los últimos 15 años. Y, desde el reconocimiento de la enorme pluralidad interna, avanzar hacia un sistema que posibilite su coexistencia pacífica. Iceta habla de federalismo pero con ello no basta. Hay que convertirlo en plurinacional, un concepto que disgusta tanto a la derecha como al soberanismo pero que tiene la virtud de conciliar lo que algunos consideran irreconciliable, aunque nunca habrá soluciones eternas: la idea de unidad desde la pluralidad, la demanda de poder (soberanía) compartido y el deseo de reconocimiento de quienes se consideran naciones. Habrá que volver sobre ello. Pero más allá del imprescindible abordaje político y por mucho que se quiera pasar página, la carpeta judicial del proceso no se cierra con los indultos. Los dirigentes independentistas huidos al extranjero son una patata caliente para la justicia y para el Gobierno de España, aunque tal vez la anunciada reforma del Código Penal para actualizar el delito de sedición y evitar anacronismos pueda ahorrar más contradicciones. A ello se suma la multitud de altos cargos que están punto de ser juzgados y que, en caso de ser condenados por los mismos hechos por los que los indultados van a ser parcialmente perdonados, generarán una situación paradójica que probablemente solo pueda resolverse por la vía del indulto. Y, mientras tanto, quizás convenga recuperar la idea de tipificar nuevamente como delito la celebración de un referéndum ilegal. Solo por si acaso. Cuanta más claridad en cuanto a los límites mejor.

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