No siempre, pero casi siempre que hay un caso de corrupción en un cargo público hay una empresa en el otro extremo de la cuerda. En su reciente informe sobre la economía española, la OCDE subraya el elevado porcentaje de empresas que perciben la corrupción como un grave problema para hacer negocios en España (el 50%, frente a una media del 37% en la UE) y sus variadas prácticas, desde las más «pequeñas» (como los sobornos para obtener licencias o permisos) a las más «grandes» (cuando el cohecho afecta a importantes contratos públicos). La OCDE reconoce los esfuerzos de la legislación española para promover un marco más transparente, pero advierte de que «deben continuar» con medidas, por ejemplo, contra las «puertas giratorias» y para una mayor protección de los denunciantes de corrupción.