En general a nadie le gusta ir al dentista, pero últimamente además no nos caen nada bien los dentistas. Por segunda vez una denuncia del Col·legi d’Odontòlegs y Estomatòlegs de Catalunya intenta paralizar el dentista municipal de Barcelona. Aunque a las ciudades vecinas nos fastidian muchas cosas de la capital, envidiamos abiertamente sus iniciativas sociales. Según el último Libro Blanco de la Salud oral, el 56% de la población española tiene problemas bucales, un 34% no va al dentista por motivos económicos y además ha crecido la percepción negativa sobre los precios de los servicios. La salud dental, como la mental, es solo para quien pueda pagársela. Y mucha gente no puede.

La boca es un marcador de clase social. Todas las encuestas de salud pública demuestran que a mayor renta, mejor sonrisa. En L’Hospitalet, que como vuelve a mostrar un reciente informe del Institut d’Estadística de Catalunya, estamos por debajo de la media catalana a nivel socioeconómico, no hacen falta estudios para detectar los problemas dentales. Se ven en cuanto la gente se quita las mascarillas. Y se deducen por la multitud y variedad de clínicas dentales. Aquí nadie llega a los 40 con todos sus dientes intactos. Los pisos-clínicas de toda la vida han dado paso a franquicias a pie de calle, con fotos de implantes como reclamo. El negocio para los dentistas no son los barrios ricos sino los pobres, aquellos donde vive la gente que no ha podido ir regularmente al dentista, ni ponerse los empastes a tiempo. Cuanto peor la boca, mayor el margen de beneficio.

Las razones de los jueces para tumbar el dentista municipal son de orden competencial. Dicen que solo la Generalitat puede ofertarlos, y que dos administraciones no pueden ofrecer el mismo servicio por sostenibilidad financiera y para “no confundir a los usuarios”. ¡Para no confundirnos! Parece un maldito chiste judicial en un país donde, hasta septiembre del año pasado, no se aprobó una ley de salud bucodental. Pero para reírse hacen falta dientes.