Cuando la UE asignó a España 140.000 de los 750.000 millones de los fondos europeos para la recuperación se entendió enseguida que ese casi 19% del pastel sería la cara amable de la iniciativa. Lo menos amable habría de llegar en forma de algunas de las difíciles reformas que los sucesivos gobiernos españoles, de diferente signo, no han sido capaces de abordar. La implantación de un mecanismo de pago por uso de las carreteras es uno de ellos. Estaba en la agenda del PP y ahora lo está en la del Gobierno de Pedro Sánchez, con el rechazo del socio Unidas Podemos.