Los que llevamos ya demasiados años en este oficio del periodismo recordamos qué hizo caer la mortalidad en las carreteras españolas. Fue a partir del 1 de julio de 2006. Sí, el carnet por puntos. Hasta entonces se habían probado todo tipo de fórmulas, campañas amables o agresivas, se había recurrido incluso a Stevie Wonder con aquel “si bebes no 'conduscas'”, pero nada. Fue el palo, y la amenaza de quedarse sin puntos para conducir, lo que consiguió torcer la escandalosa curva de los siniestros mortales.

¿Qué es lo que hace que el conductor del automóvil respete un semáforo en rojo y el de una bicicleta opte por no hacerlo? ¿Tener un carnet de conducir o el miedo a la sanción? ¿Qué pasaría si, en vez de obligarle a sacarse un documento de dudosa utilidad, se impusiesen multas o se requisasen bicis o móviles a los ciclistas infractores, sobre todo si son reincidentes? ¿Y, sobre todo, qué pasaría si en vez de carnet se obligara a la matriculación y a la circulación con la cobertura de un seguro?

No hace falta ser un fino analista para descubrir que en la política sancionadora de la movilidad urbana hay un doble rasero. Triple si se tiene en cuenta a los peatones.

El conductor del automóvil, sea por urbanismo, sea por temor al castigo, cumple en líneas generales con las normas. Y si se salta la ley, multa al canto. Con los ciclistas, y también con los jinetes de patinetes eléctricos, no ocurre eso. Saben que la multa les caerá solo si tienen muy mala suerte o les toca un guardia urbano intransigente. Y en el caso de los peatones, nada inocentes en el respeto de las normas de circulación, esta sensación de impunidad se dispara.

Quien va al volante del automóvil sabe a qué atenerse si se salta las normas. El de bicicleta, no tanto. Depende de demasiadas variables aleatorias e, incluso, de la discrecionalidad del agente de la autoridad.

¿Por qué un carnet de ciclista bastaría para resolver todo este memorial de agravios? ¿Por qué a nadie se le ocurre reclamar un carnet de peatón?