Establecer prioridades en la vacunación es muy complicado, sobre todo cuando recibíamos tan pocas dosis y en paralelo surgieron dudas sobre AstraZeneca, lo que llevó a un cambio de su uso. Pero es innegable que el Govern ha dado desde el primer momento un trato discriminatorio a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya por razones políticas. Los datos son muy elocuentes y han obligado al TSJC a intervenir para que la Generalitat, en un plazo de 10 días, garantice la misma proporción de agentes vacunados que en los Mossos, que alcanza ya el 80%. Excepto el personal médico y sociosanitario, cuya actividad es indiscutiblemente es esencial en medio de una pandemia, haber dado prioridad a otros colectivos es más discutible. Policías, profesores, militares o bomberos (resulta llamativo que los trabajadores de la alimentación hayan quedado fuera) podrían haber esperado a su turno individual en función de la edad. Pero lo que no es admisible es que la 'consellera' Alba Vergès y el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, hayan intentado ignorar que debían vacunar a los policías nacionales y guardias civiles. O todos o ninguno.