Según una jueza de Madrid, la campaña de publicidad de Vox no constituye presuntamente un delito de odio por lo que no cabe ordenar su retirada de forma cautelar. Aunque jurisprudencia reciente conduce a aplicar este tipo penal de forma exageradamente restrictiva no cabe duda de que el concepto odio se puede aplicar perfectamente a la utilización de datos falsos para azuzar el rechazo a los menores inmigrantes no acompañados.

No menos intolerante, antidemocrática y chulesca fue la actitud de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el debate electoral desarrollado en la Ser. Negar la amenaza de muerte recibida por Pablo Iglesias, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil, negarse a retractarse, espetar un «lárguese» al líder de Podemos y después regodearse define perfectamente cómo nos encontramos ante una opción política tóxica y que amenaza la vida democrática.

El único debate posible es cómo pararla. Y cómo hacerlo de manera que no sirva a sus fines de, sí, amplificar, difundir y aprovecharse del odio. Si es mejor confrontarla día a día o levantarse y negarse a compartir espacios con ella. No es fácil. Con todo, casi tan grave (y, en términos prácticos, incluso más) es estar dispuesto a gobernar con estos socios (es más, haber hecho los pasos necesarios para que no haya otra alternativa). La complicidad a la que está dispuesto el PP no es menos condenable que las provocaciones de la extrema derecha.