Es del Tribunal de Apelaciones de Quebec, y no es una sentencia cualquiera. La dictó el más alto tribunal de la provincia de Quebec el pasado 9 de abril, sobre la constitucionalidad de la Ley sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y de prerrogativas del pueblo quebequés, también conocida como Ley 99. Esa ley, del año 2000, fue la respuesta a la ley federal conocida como Ley de la claridad, que daba al Parlamento federal la facultad de decidir si, tras un hipotético referéndum de autodeterminación, la mayoría favorable a la secesión era suficientemente “clara”. Los legisladores quebequeses rechazaron de plano la norma federal, y, en los primeros artículos de la ley, manifestaban el derecho del pueblo de Quebec a disponer de sí mismo y a elegir el régimen político de su preferencia (artículos 1 a 3). También afirmaban que cuando el pueblo quebequés es consultado en un referéndum, “la opción ganadora es la que obtiene la mayoría de los declarados válidos; es decir, el 50% de esos votos más uno” (art. 4). La sentencia ofrece en los antecedentes una excelente síntesis del contexto político de esa norma.