La respuesta a la pregunta formulada por el diputado Jaume Alonso-Cuevillas la conocen todos los catalanes que no son independentistas. Sí, es una burrada desgastarse en inhabilitaciones sin pena ni gloria que no le hacen ni cosquillas al Estado español. Al verbalizar el interrogante, exhibió un grado de escepticismo intolerable para quienes han hecho del discurso de la represión la justificación de la pervivencia del Consell per la República que preside su cliente, Carles Puigdemont, e incluso el factor esencial para salvaguardar una mínima coincidencia entre los partidos independentistas. Al punto de entrar en un territorio ignoto de no frenarse la crisis con ERC, JxCat debía enviar un aviso para navegantes incrédulos y parlanchines y lo ha hecho.

El abogado de Puigdemont no podía ignorar que lo esencial de la estrategia de su partido no es el objetivo final, sino la gestión del trayecto inacabable. La independencia de Catalunya no se vislumbra en el horizonte, por eso, tras el fracaso de la unilateralidad en 2017, los dirigentes trazaron un camino alternativo: socavar la credibilidad democrática del Estado español. Este es un propósito complicado y así lo confirma el balance provisional, descontada la propaganda; ni tan solo de su eventual materialización se derivaría inequívocamente la independencia, pero es lo único a mano para mantener viva la movilización.

La proyección internacional de la leyenda del Estado opresor dirigida desde Waterloo exige una retórica de la represión y para sustentarla hay que multiplicar las desobediencias. A base de inmolaciones absurdas, como califica Cuevillas a las resoluciones parlamentarias sin consecuencias jurídicas, o tomando la calle de vez en cuando para acabar ante el juez de guardia. Es imperdonable que un diputado sugiera la inconsistencia de la estrategia oficial, aunque también es una provocación intelectual pretender compensar el desliz abrazando la tesis de la confrontación inteligente, un mantra pendiente de detallar.