La muerte del 8-M y de la democracia

La manifestación del 8-M de 2019 es histórica. 550.000 personas en Madrid. En 2020 la manifestación solo tiene 120.00 asistentes. Cuatro de cada cinco mujeres ya no asisten. Por miedo. ¿Al coronavirus? ¿O a Irene Montero y sus secuaces? Unas mujeres se presentaron en la manifestación con pancartas. Alguien se las arranca. Se trata del "equipo de seguridad" de la Comisión 8-M Madrid, de Podemos. Equipo compuesto básicamente por hombres, pertenecientes al movimiento antisistema, con las caras cubiertas y aliño indumentario clónico al de los que recientemente han estado 10 noches prendiendo fuego a Barcelona. Tiran al suelo una pancarta que dice 'Stop violencias machistas', y la pisotean, en un claro alarde de… ¡violencia machista! Empujan violentamente a las mujeres, las golpean. A una de ellas tratan de arrebatarle el móvil cuando graba una agresión y, como no lo consiguen, le lanzan una lata a la cara. A otra, le levantan la camiseta y le pegan varios puñetazos en las costillas. Todo está grabado. A partir de entonces yo alerto de que en el borrador de la ley trans y en otros documentos internos se dice que, si un menor quiere someterse a tratamientos de bloqueo puberal y hormonación, experimentales e irreversibles, y sus padres se niegan, los padres pueden perder la custodia. ‘Ley trans’ Ángela Rodríguez, vicepresidenta segunda de la Comisión de Igualdad de Podemos, dice que eso es "rotundamente falso". Miente. O ni siquiera ha leído el borrador de ley que dice defender. Pero no es la única que miente. Irene Montero asegura en la televisión que el movimiento feminista está a favor de esa ley, y omite decir que se ha negado siquiera a contestar a los cientos de requerimientos de la Confluencia Feminista, que integra a 50 organizaciones. Organizaciones de mujeres que ya estaban en la lucha feminista antes de que la ministra hubiera nacido siquiera. No las responde, mucho menos las recibe. En diciembre, Montero aplaude cuando desde una organización se insta a lanzarme un ladrillo. Dicen que soy tránsfoba porque afirmo que la autodeterminación de género puede tener consecuencias nefastas en el abordaje de la violencia de género o la paridad, y, sobre todo, en la salud, la integridad e incluso la vida de los menores. Desde la historia del ladrillo recibo amenazas prácticamente a diario. No puedo salir sola, mi hija tampoco, no podemos abrir la puerta de casa y me han intentado agredir dos veces en la calle al grito de tránsfoba. Todo por denunciar los entresijos de una ley que NADA tiene que ver con las mujeres transexuales o transgénero y MUCHO con intereses de las farmacéuticas. Una ley que nadie se ha leído. Ni siquiera en la Comisión de Igualdad de Podemos, como he demostrado. Señalar al disidente, acallar las voces críticas desde las amenazas, la violencia y las campañas de odio no es progresista. Es propio de una dictadura totalitaria. Y cuando una ministra abre la veda de las agresiones contra una ciudadana cuyos puntos de vista –enteramente ajenos a cualquier tipo penal– NO coinciden con los suyos, a la vez que defiende a boca llena la libertad de expresión para los que SÍ que coinciden, estamos asistiendo no solo al descabezamiento desde dentro del feminismo, sino de la propia democracia. Y deberíamos estar verdaderamente aterradas.

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