España es un país de encrucijadas. De dilemas goyescos que se han resuelto casi siempre a garrotazos y pocas veces por consenso, el método favorito de las democracias más arraigadas. Consensuada fue la transición que definió a España como un Estado de Derecho cuya forma política era la monarquía parlamentaria. Ambas cosas, derecho y monarquía figuran en el frontispicio de la Constitución. Por este orden y el orden, en toda Carta Magna, tiene su razón de ser. ¿Qué ocurre cuando ambos conceptos amenazan con entrar en colisión? Pues que tenemos un problema y no cualquiera. Una vía de agua que afecta la sala de máquinas de nuestra democracia. En eso estamos. Hay otras prioridades, es verdad, pero una sociedad no escoge los momentos en los que se le presentan encrucijadas. El Rey, tampoco. Y el cúmulo de dislates protagonizados por su padre y otros miembros de su familia –el último de ellos, la vacunación furtiva de las infantas– coloca a Felipe VI ante una de estas disyuntivas históricas.