La desconvocatoria de las elecciones del 14-F que intenta el Govern, en caso de prosperar ante el TSJC, condicionaría negativamente la suerte de los presos del ‘procés’, porque los posibles indultos se quedarían en modo de espera. Como sabemos, la posibilidad de acordar esa medida de gracia es una potestad exclusiva del Consejo de Ministros, que puede ejercerla independientemente de lo que sobre cada caso digan la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Por tanto, en último término es una decisión política. El debate sobre el indulto empezó mucho antes de que los acusados hubieran sido procesados y sigue hasta hoy, cuando ya han cumplido tres años de cárcel. Me identifico con la inmensa mayoría de españoles que piensa que tuvieron un juicio justo y que los hechos que sucedieron en 2017 fueron de una enorme gravedad. A la luz del asalto al Capitolio y del ocaso del ‘trumpismo’, la prensa anglosajona ha escrito que una sedición es un atentado intolerable contra la democracia. En Catalunya, los dirigentes de la Generalitat rompieron el Estatut y la Constitución el 6 y 7 de septiembre, y se pusieron al frente de un acto de rebeldía, aunque todo acabase de forma desconcertante para muchos independentistas tras la falsa DUI.