Desde Bélgica, ha llegado esta semana un nuevo varapalo a la justicia española. El Tribunal de Apelaciones de Bruselas rechazó la orden europea de detención y entrega contra el ‘exconseller’ de Cultura Lluís Puig cursada por el Tribunal Supremo español por presunto delito de malversación de fondos en relación con el referéndum del 1-O. Después, la fiscalía belga decidió no recurrir la decisión del tribunal, con lo cual el procedimiento contra Puig, que empezó en octubre de 2017, se da por terminado con una dura desautorización de la justicia española y de la insistencia del juez instructor del Tribunal Supremo y la fiscalía españolas de acusar de sedición a los políticos catalanes implicados en el referéndum. Las cortes europeas de varios países que han tenido que pronunciarse al respecto han fallado siempre a favor de los procesados. En España, el juicio a Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional también contribuyó a debilitar la tesis de la sedición, cuestionada por muchos juristas españoles de muy diferentes perfiles.

En este contexto, cobra sentido la reforma del delito de sedición en la que trabaja el Gobierno. La forma con la que se ha intentado aplicar el tipo actual de este delito al 1-O se está demostrando que es forzada y difícil de argumentar más allá de las salas del Tribunal Supremo español. Más allá de consideraciones políticas, el mensaje enviado desde los tribunales europeos merece ser tenido en cuenta.