Catalunya: activo, pasivo y patrimonio neto

La cuestión principal que resolver para un Gobierno es la elección de su principal enemigo político. De ese cribaje nacen los discursos, e incluso a veces -aunque no siempre- las políticas. El Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos ha permitido -con la complicidad de ERC, que ha puesto si no todas, sí muchas facilidades, y la colaboración involuntaria de la Casa Real- que el soberanismo abandone ese papel, que mantuvo en exclusiva durante una década entera, sustituyéndolo por el fantasma de la derecha. Esa es la idea nuclear del primer año de la legislatura Sánchez-Iglesias si el análisis se hace desde Barcelona. Y es de esa realidad que nacen las líneas de activo, pasivo y capital neto en el balance del actual Gobierno español respecto a Catalunya. El activo material se reduce, por el momento, a la mesa de negociación entre gobiernos que sirvió para asegurar los votos de ERC en la investidura de Pedro Sánchez y al levantamiento del control financiero de la Generalitat -era ya tan solo una carga burocrática- que permitió a los republicanos avalar el primer Presupuesto del Gobierno. El resto de los activos son de naturaleza inmaterial y su valor real, en tanto que de momento intangible, depende del grado de conservadurismo del contable. Ahí estarían la voluntad de naturalizar al independentismo como un legítimo actor político incorporado a las principales mesas de negociación de la política española, la posibilidad futura de un indulto a los líderes políticos del proceso, el reconocimiento de errores propios en la gestión del problema político catalán y, muy en particular, el esfuerzo por no echar leña a la caldera del conflicto político con Catalunya e intentar, por el contrario, bajarle la temperatura con sustantivos medidos y adjetivación sobria e indolora. La columna de pasivos está trufada con los apuntes de los ejercicios anteriores y la deuda exigible es abultada. La cuestión catalana sigue siendo terreno judicial más que político, se mantiene el ahogo económico sin que la reforma de la financiación autonómica se considere una prioridad absoluta y, a pesar de la oxigenación del ambiente, media Catalunya sigue fuera del marco constitucional sin visos de que pueda ni quiera retornar a él ni en el corto ni el medio plazo, por mucha mejora que pueda percibirse en el ambiente. Sumado y restado la conclusión es que el patrimonio neto, que es lo que interesa para vaticinar la pervivencia de una empresa, también política, sigue en negativo en lo que atañe a la filial catalana. Si nos refiriésemos a el balance de una compañía diríamos que se ha puesto un torniquete a las pérdidas, ha sido posible devolver algunos créditos y se han generado expectativas razonables sobre los ingresos de los futuros ejercicios. Pero no es suficiente. La empresa sigue estando en quiebra técnica y requiere una ampliación de capital urgente en forma de decisiones que el Ejecutivo de Sánchez deberá tomar en cuanto lo permitan las dos variables que hasta la fecha han permitido un aplazamiento sine die: la pandemia y la gobernabilidad de las instituciones catalanas en puertas de unas nuevas elecciones. Donde sí se ha resuelto el conflicto que, a su vez, realimentaba la cuestión procesista, es en las cuestiones referidas al eje social y económico. Catalunya llevaba tiempo convertida en el ariete de izquierdas del tablero español en los discursos y leyes -muchas de ellas proclamadas únicamente con el ánimo de que las tumbase el Tribunal Constitucional- referidas a impuestos, pobreza energética, vivienda y otras cuestiones. El hecho de que el Gobierno del PSOE-Podemos circule, hasta donde les resulta digerible y razonable a los socialistas, sobre paralelas similares ha borrado uno de los ingredientes del conflicto y también ha posibilitado una desescalada, en la medida que ha inutilizado mucha de la munición que se utilizaba desde las trincheras soberanistas. Pero por muchas lecturas interesadas que quieran hacerse esto no va a ser suficiente. El Gobierno de Sánchez-Iglesias es, de momento, una promesa por cumplir respecto a Catalunya en lo que se refiere a uno de los puntos cruciales de su pacto de gobierno que rezaba literalmente “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo”. El mérito para el Gobierno que encabezan, un mérito nada despreciable, está en que un año después las expectativas de que tienen algo que ofrecer para resolver esa cuestión a la que ellos mismos dieron carta de naturaleza siguen donde estaban. Sin duda, el paréntesis abierto por el covid-19 y la guerra civil política que mantienen ERC y JxCat ha facilitado un ‘aggiornamento’ de esta cuestión que no podrá ser eterno porque, tarde o temprano, volverá a situarse como el gran asunto no resuelto de la política española. Se verá cuánto podrá sanearse el balance en lo que queda de legislatura.

Catalunya: activo, pasivo y patrimonio neto

El Ejecutivo de Sánchez-Iglesias es, de momento, una promesa por cumplir en lo que se refiere a uno de los puntos cruciales de su pacto de gobierno, el reconocimiento del conflicto político catalán y la activación de la vía política para resolverlo

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