Según dispone la Constitución en el artículo 56.1, el Rey es el símbolo del Estado y sus discursos públicos deben ajustarse a su papel institucional. Por eso sus manifestaciones deben ser acordadas con el Gobierno de turno, para que no contenga ideas contrarias a la política del Ejecutivo. Al fin y al cabo, es el Gobierno el que, por la investidura parlamentaria de su presidente, tiene la legitimidad democrática para dirigir el país. Pero no sería correcto que un Gobierno quisiera instrumentalizar al Rey, obligándole a decir algo que el monarca rechazara. El Rey no puede convertirse en portavoz del Gobierno, porque eso podría dar a sus discursos un sesgo partidista incompatible con su función de jefe de Estado. De acuerdo con eso, los elogios y las críticas por lo que dijo Felipe VI la noche del 24 podrían repartirse entre el Gobierno y el monarca, porque se acordó entre la Zarzuela y la Moncloa. En ese reparto, la mayor parte debería corresponder al Rey, puesto que le corresponde a él proponer los contenidos de sus intervenciones públicas. En cuanto a sus silencios, que a veces pueden ser llamativos, igualmente debe asumir el Rey la mayoría de los reproches o de los aplausos que puedan suscitarse.