Los gigantes tecnológicos se han convertido en infraestructuras críticas para la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas en la Unión Europea (UE) y a nivel mundial. Los ciudadanos y las empresas europeas dependen de ellos para comunicarse, informarse, comprar, relacionarse con la Administración y entretenerse. En este tiempo de confinamiento, hasta el acceso a la educación y la cultura son tributarios de los gigantes tecnológicos. Esto confiere a Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, YouTube, Twitter, Instagram y otras grandes compañías y plataformas un enorme poder económico y político.
El abuso de las tecnologías digitales plantea un riesgo para la democracia, como evidenciaron los escándalos de Facebook y Cambridge Analytica, al explotar los datos personales de millones de usuarios para una manipulación política microfocalizada que influyó en 2016 en el referéndum británico del Brexit y en la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Brittany Kaiser, exempleada de Cambridge Analytica, detalla en La dictadura de los datos cómo se explotaron esos datos personales para orientar a los votantes.
Los algoritmos y los modelos de negocio de las firmas digitales tienden a maximizar el sensacionalismo político y a promocionar las opiniones y noticias más vistas, lo que favorece la expansión de la desinformación y la propaganda, que además puede promoverse con dinero. Un estudio del NATO STRATCOM Center de 2019 mostró que con sólo 300 euros pudo comprar 3.530 comentarios, 25.750 me gusta y 20.000 visiones. Un informe de la Universidad de Oxford reveló que las noticias basura se difundían en Facebook seis veces más que las profesionales en Alemania, tres veces más en Suecia y dos veces en Francia en 2019.
Pequeña élite
La profesora de Harvard Shoshana Zuboff precisa en La era del capitalismo de la vigilancia cómo los gigantes tecnológicos acumulan y procesan los datos de los usuarios para influir después en sus conductas. Zuboff alerta del peligro que para la democracia supone la acelerada concentración de datos, conocimiento, poder financiero y control de los canales de comunicación en manos de una pequeña élite tecnológica.
La Comisión Europea acaba de presentar dos propuestas para regular el mundo digital e intentar encuadrar a unas compañías cuyo poder desmesurado se ha acentuado durante la pandemia. Las leyes de servicios y mercados digitales tienen como objetivo evitar la manipulación de los mercados, los consumidores y la opinión pública, proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar más transparencia en sus algoritmos, asegurar una competencia libre y justa a todas las empresas y minimizar la desinformación y manipulación política.
Los enormes beneficios de los gigantes tecnológicos, por los que pagan muy pocos impuestos, les confieren recursos casi ilimitados para socavar las leyes contrarias a sus intereses, recurrir las sanciones por violar las regulaciones e influir en los tribunales. Los más de 6 billones de euros de valor bursátil de los cinco grandes -Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook- superan el producto interior bruto (PIB) anual conjunto de Alemania y Francia.
Estrategia para diluir la reforma
Los cinco gigantes declararon un gasto conjunto de lobbying ante la UE de 19 millones de euros en los primeros seis meses de este año, el doble que el año anterior, según Transparency International EU. Esos cinco grandes financian estudios académicos y think tanks (Bruegel, Center for European Reform, European Policy Center, entre otros), precisa Corporate Europe Observatory. Asimismo, contratan como lobistas a exaltos cargos de la UE, como el reciente fichaje por Facebook de Aura Salla procedente de la Comisión Europea.
La revista francesa Le Point filtró en octubre un documento interno de Google en el que detallaba la estrategia para diluir la reforma que preparaba la UE: presionar a la Comisión Europea, los eurodiputados y los gobiernos, crear una narrativa sobre el elevado coste para Europa de la reforma, promover artículos académicos y de think tanks contra el proyecto, movilizar al Gobierno norteamericano, crear conflictos dentro de la Comisión Europea e ir contra el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
Ese plan ya se está aplicando, con 158 reuniones de lobbying en la Comisión Europea y otras 333 con los eurodiputados en los últimos meses. Además, el European Center for International Political Economy ha publicado un estudio que asegura que las nuevas leyes dañarán en 85.000 millones a la economía europea.