A la espera de que algún día se desarrolle un debate público sobre el modelo de defensa que necesita España para hacer frente a las amenazas que afectan a su población y a su territorio, el escaso eco que las cuestiones militares encuentran en los medios de comunicación suele limitarse a dar noticia de alguno de los contingentes desplegados en el exterior, de cuestionables ventas de armas o de las crecientes deficiencias operativas de muchas unidades. Más raras son, afortunadamente, las que se refieren a pronunciamientos políticos de militares, como el de agosto de 2018 (a favor de Franco) o el que ahora inquieta con razón a los 26 millones de españoles que nos hemos visto señalados como candidatos al paredón por unos trasnochados salvapatrias. Y esta rareza deriva, fundamentalmente, del hecho de que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que forman parte de nuestras fuerzas armadas (FAS) entiende sin ningún género de dudas cuál es su papel en la vida nacional: servidores públicos subordinados al poder civil en el marco de la Constitución. Unas FAS que, desde el infausto 23-F, no solo han dejado de ser un poder fáctico sino que, en términos institucionales, han sido ejemplares en su interiorización de las normas propias de una democracia plena.