El Parlamento francés debate una proposición de ley de seguridad global muy polémica, que, como señalaba Rafael Jorba en estas páginas, puede interpretarse como un "giro autoritario" del Gobierno de Macron. Destacaba el artículo 24 y se ha anunciado su “reescritura”, tras masivas protestas que no deben sorprender. En su redactado original, el precepto proponía que se castigara con un año de prisión y 45.000 euros de multa a cualquiera que difundiera “el rostro o cualquier otro medio de identificación” de policías o gendarmes en una operación policial, con el objetivo de perjudicar su “integridad física o psíquica.” Todo eso nos resulta familiar.