«Si hace diez años nos hubieran dicho que el escándalo se iba a montar porque los abertzales radicales anuncian su voto a favor de los Presupuestos Generales del Estado español y no porque estuvieran celebrando el último atentado de ETA, nos hubiera parecido una quimera y todos hubiéramos firmado por eso». Lo dicen muchos vascos, incluso muchos dirigentes de los partidos políticos que padecieron directamente el terrorismo etarra. En ambientes conservadores del resto de España esa afirmación puede parecer claudicante, pero es coherente no solo con la idea de reconciliación de la sociedad vasca, también con los sucesivos acuerdos antiterroristas alcanzados en los años de plomo, empezando por el pacto de Ajuria Enea en 1998, cuyo objetivo era conseguir que los etarras, y quienes les apoyaban, abandonaran el terrorismo y pasaran a hacer política. Ese era también el mensaje que les lanzaba Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo ministro de Interior, cuando en 2010 Batasuna se alejaba tímidamente de la banda terrorista y esta parecía meditar sobre el cese de la violencia. «O bombas o votos», decía entonces Rubalcaba.