ERC, contra la libertad

ERC ha aprovechado la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado del 2021 para presentar una enmienda que pretende imponer a los madrileños el pago de un tributo, patrimonio, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas y que, desde hace años, no existe en nuestra región al gozar de una bonificación del 100%. El texto en cuestión atribuye nuevas competencias al Gobierno para que establezca un tipo mínimo del impuesto de patrimonio en el conjunto del país mediante la creación de una nueva cuota estatal, además de darle al Estado su gestión, liquidación e inspección, que hasta ahora tienen las CCAA. Se trata de un ataque directo contra la política de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid, puesto que no afectaría al resto de autonomías, que o bien tienen una tributación idéntica al Estado o en otros casos, como Catalunya, incluso superior. Pero, igualmente, supone una amenaza muy relevante contra la capacidad normativa y competencial de todas las comunidades autónomas de régimen común, inédita hasta la fecha. Y es que, tras la subida de patrimonio, detrás vendrán, como mínimo, sucesiones y donaciones, impuestos que también han sido cedidos completamente a los gobiernos regionales. Solo el sectarismo ideológico puede explicar que sean los independentistas de ERC quienes propugnen la recentralización de un impuesto autonómico, protagonizando así la que sería la primera reversión competencial hacia el Estado de la democracia. Los mismos que demandan mayor autonomía a todos los niveles, hasta el punto de exigir una república independiente que no tiene cabida en el marco legal, quieren acabar con el escaso margen fiscal que ostentan las comunidades autónomas, otorgando al Gobierno de la nación nuevas competencias que, hoy por hoy, no solo no tiene, sino que serían abiertamente inconstitucionales. El objetivo de ERC, en connivencia con PSOE y Podemos, no es otro que obligar a los madrileños a tener su particular modelo de impuestos altos, valiéndose de la fuerza del Estado central, para evitar que los catalanes hagan comparaciones que resultarían muy lesivas para sus intereses electorales. No en vano, más allá del expolio que supone patrimonio, un impuesto que ya ha sido eliminado en todos los países de la UE, los tipos marginales que aplica Catalunya en el tramo autonómico del IRPF son mucho más altos que en Madrid. Y lo mismo sucede en el impuesto de sucesiones. En lugar de exigir subidas de impuestos allí donde no gobiernan, quizá deberían aceptar que funcionan mejor las cosas con impuestos bajos, como lleva haciendo la Comunidad de Madrid en los últimos 16 años. De este modo, un trabajador catalán con una renta bruta de 20.000 euros pasaría de pagar 2.511 euros en IRPF a 2.269, casi un 11% menos; en sucesiones, la factura bajaría de 4.127 euros a tan solo 295, un 93% menos, para una herencia de 200.000 euros. Catalunya es, junto con Madrid, el gran motor productivo del país, pero su crecimiento mejoraría si a los catalanes les dejaran tener más libertad económica, seguridad jurídica e impuestos bajos, que es la receta que aplica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para liderar la creación de empleo y riqueza a nivel nacional, siendo, además, la región más solidaria de España. Unos logros que, a diferencia de lo que suelen decir algunos, nada tienen que ver con un supuesto 'efecto capitalidad' que, en realidad, no existe. Ser la capital de un país no garantiza, en ningún caso, mayor nivel de riqueza per se. Madrid es capital desde 1561, pero durante largo tiempo creció por debajo de la media de Catalunya, que, históricamente, ha encabezado la economía del país. El hecho de que hoy sea la región con mayor PIB de España responde a una política muy concreta, de impuestos bajos. Pero esta política fiscal no es exclusiva de Madrid, puesto que todas las comunidades autónomas de régimen común comparten idénticas competencias. Al igual que los partidos que gobiernan Catalunya son muy libres de subir impuestos, Madrid tiene todo el derecho del mundo a mantenerlos bajos y así lo seguiremos defendiendo.

ERC, contra la libertad

La enmienda a los Presupuestos que pretende imponer a los madrileños el pago del impuesto de patrimonio es una amenaza contra la capacidad normativa y competencial de todas las comunidades autónomas

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