El rechazo, el pasado jueves, de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado fue una buena noticia; de la aprobación de las cuentas públicas depende, simplemente, el futuro del país y cualquier posibilidad de aprovechar los recursos que se espera que Europa ponga a disposición de España para remontar una crisis demoledora.

Que partidos tan distantes entre sí como ERC,  Cs y Bildu hayan demostrado en primera instancia más responsabilidad que quienes incluso ahora tienen como prioridad desestabilizar al Gobierno no es sorprendente, aunque sí desalentador. Mucho más inquietante es que dentro del propio PSOE haya quienes no admitan que el Gobierno tiene no solo el derecho sino la obligación de negociar e incluir en una solución a todos. Sin líneas rojas frente a quien quiera colaborar, algo que deberían aplicarse Ciudadanos y ERC –cuando condicionan su apoyo a la aprobación definitiva de los Presupuestos a exclusiones mutuas, lo último que se necesita ahora– y también, en el seno del mismo Ejecutivo, Unidas Podemos, cuando se marca como objetivo impedir un acuerdo con Cs que debería ser más factible que integrar a Bildu en las mayorías necesarias para facilitar el gobierno de España.