Cuando el pacto es la buena noticia

El Pacto de Toledo renueva sus recomendaciones y esta es, en tiempos de pandemia y polarización, una buena noticia. Los miembros de la Comisión parlamentaria que ‘ad hoc’ tiene el encargo de evaluar y recomendar las líneas directrices de la política de pensiones han hecho su trabajo. Seguro que estas recomendaciones serán objeto de escrutinio y de crítica. Es normal que así sea; para los progresistas, partidarios de reformas más profundas del actual sistema, este paquete de recomendaciones está lejos de proponer los cambios que, de manera perentoria, se necesitan para afrontar el inminente impacto de la jubilación de los ‘baby boomers’; para los sectores más conservadores, las propuestas del Pacto de Toledo profundizan en el debilitamiento de la función protectora de la Seguridad Social. Y a unos y otros, se les debería recordar que inevitablemente el Pacto de Toledo ha sido siempre el resultado de un compromiso entre aquellos que ponen el acento en la necesidad de las reformas y aquellos otros que defienden las esencias del sistema público de pensiones y que, como cualquier compromiso, el pacto siempre genera insatisfacciones a un lado y al otro. Aquellos que en materia de pensiones aspiren a la reforma que cierre definitivamente el debate sobre el futuro de las pensiones vivirán en la insatisfacción; en el futuro habrá más reformas y ajustes; para aquellos otros que minimizan el impacto de la combinación de la jubilación de los ‘baby boomers’ y el aumento de la esperanza de vida de las personas en la sostenibilidad del sistema público y que se muestran contrarios a las reformas, también les he de decir que las reformas son imprescindibles si queremos cumplir las promesas con aquellos que todavía no están jubilados y tienen derecho a su pensión. Y vendrán más, porque la sociedad y la economía están en plena transformación. Este equilibrio ha estado también la virtud del Pacto de Toledo desde su origen, por cierto, catalán. El Pacto de Toledo nace de una propuesta del líder de CiU en el Congreso, Miquel Roca, en el lejano 1993, en plena crisis económica y en un ambiente marcado también por enormes incertidumbres sobre el futuro de las pensiones, pensando en los primeros años 2000. Y es que el Pacto de Toledo no es la poción mágica de las pensiones, pero sí una manera de hacer política que permite avanzar de manera sostenida en las reformas por la vía del diálogo politico y social en busca de los consensos que hacen posibles que estas reformas sean aceptadas por la mayoría de la sociedad, que duren en el tiempo y que provoquen el efecto deseado. Justamente el error del PP, en el 2011, fue obviar esta premisa, circunstancia que hace que aquella reforma, en la práctica, haya sido derogada. Ahora, después del acuerdo parlamentario, toca el diálogo entre el Gobierno del Estado y los representantes de los empresarios y los trabajadores. Y será necesario que unos y otros tengan la máxima ambición para concretar las recomendaciones aprobadas en los cambios legislativos que hacen falta. Ciertamente, siempre me he movido en la dirección reformista, convencido como estoy de que reformar es la mejor manera de garantizar la esencia del sistema público de pensiones, que no es otra que la redistribución de la renta entre generaciones para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación y erradicar el riesgo de la pobreza durante la vejez difiriendo en el tiempo una parte del salario; que sin las reformas, el sistema no sería viable. En clave de reformas para la sostenibilidad, a mi parecer, en estos momentos, hay dos cuestiones fundamentales pensando en el medio plazo. Por un lado, es necesaria la incorporación de un factor de sostenibilidad que ajuste la edad legal de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, con toda la flexibilidad que haga falta, y que el cálculo de la pensión sea más contributivo y transparente, circunstancias que implican tanto que la pensión que se cobre tenga a ver más con aquello que hemos cotizado a lo largo de nuestra vida laboral como que con las cotizaciones solo se paguen pensiones contributivas. Y por otro, que necesitamos extender el modelo vasco de previsión social complementaria, basado en planes de pensiones de capitalización acordados en la negociación colectiva, al conjunto del Estado, tal y como los países más avanzados de nuestro entorno han ido haciendo durante las últimas décadas. Felicitemos por ello a los miembros de la Comisión del Pacto y esperemos del ministro Escrivá y de los interlocutores sociales que afronten sin demora, con espíritu reformista y de consenso, los cambios que necesitamos aquí y ahora.

Cuando el pacto es la buena noticia

Las reformas son imprescindibles si queremos cumplir las promesas con aquellos que todavía no están jubilados y tienen derecho a su pensión

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