La propuesta del Gobierno de reformar la ley orgánica del poder judicial para conseguir que los 12 vocales del CGPJ puedan ser elegidos por mayoría absoluta -en vez de la mayoría cualificada de tres quintos actual- ha tenido un alto coste para Pedro Sánchez. Un coste previsible, por mucho que tenga su origen en la irredenta negativa de Pablo Casado a acordar con el PSOE una renovación consensuada del Consejo. Hasta ahora, todo eran críticas al PP por su actitud obstruccionista, contraria al espíritu de la Constitución. Críticas de la opinión pública, que reclama consensos para hacer frente a la difícil situación que vive el país, críticas de la mayoría de las asociaciones de magistrados y críticas de la Comisión Europea que recela de cualquier intento de pervertir la independencia de los poderes del Estado. Con su iniciativa, Sánchez ha conseguido que el foco de la crítica se desplazara del PP al Gobierno. Tanto en España como en Europa, donde la Comisión ha advertido que su iniciativa no seria bienvenida.