Que a un trabajo de igual valor corresponde igual retribución es una máxima ya recogida en el Estatuto de los Trabajadores. La realidad, no obstante, refleja que esto no siempre se lleva a la práctica, y persisten múltiples formas de discriminación por sexos en el entorno laboral, ya sea por falta de concreción legal ya sea por poca contundencia a la hora de combatirla. Los dos decretos que  prevé aprobar el Consejo de Ministros -con el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal- pretenden superar estos obstáculos obligando, por un lado, a una mayor transparencia en los registros retributivos de las empresas y, por otro, a desarrollar los planes de igualdad en los centros de trabajo.

El texto invierte la carga de la prueba sobre las empresas, que, en caso de demanda, deberán demostrar que no discriminan en función del sexo o, en caso contrario, serán sancionadas. El decreto abre la vía a fijar, en los próximos meses, el procedimiento para valorar los puestos de trabajo, lo que debería aportar mecanismos objetivos para justificar cualquier diferencia salarial. Se allana el camino a erradicar no solo la discriminación directa -la más flagrante- sino también la indirecta, más oculta pero igual de injusta.