Sánchez e Illa deciden la alarma

El viernes, pocas horas antes de que muchos madrileños iniciaran el éxodo del puente del Pilar, un Consejo de Ministros extraordinario declaró el estado de alarma de 15 días en Madrid y en otras nueve ciudades de más de 100.000 habitantes de la Comunidad. Era obligado porque los 563 nuevos casos de coronavirus por 100.000 habitantes de Madrid de los últimos 15 días doblan la media española, que es ya muy alta en relación con la europea. Y en todos los países se están adoptando medidas serias para contener esta segunda ola que amenaza con abortar la recuperación. El Gobierno estaba obligado a reaccionar. Madrid no debía seguir siendo la capital europea más castigada por la pandemia. Lo que pasó el verano, con un aumento de infecciones superior al europeo, ya nos costó -por las cuarentenas impuestas por muchos gobiernos- una grave caída del turismo, superior a la prevista, que está dañando la economía. La segunda ola es una amenaza para toda Europa, pero más para España, muy dependiente del turismo. Los índices PMI, basados en solventes encuestas que predicen los futuros datos económicos, lo corroboran. El PMI del sector servicios de la zona euro cayó del 50.5 en agosto (por encima de 50 indica crecimiento) al 48 en setiembre. Pero la contracción ha sido mayor en España pues el índice ha caído del ya malo 47,7 de agosto al pésimo 42,4 que apunta a una seria contracción difícil de corregir antes de la Semana Santa. Había alarma. Un relevante empresario madrileño me decía el lunes que había que actuar con gran rapidez porque este puente del Pilar -sin medidas- supondría un gran éxodo de madrileños que haría incrementar las infecciones en Valencia, Andalucía, Murcia y las dos Castillas. El Gobierno no podía esperar. Tras varias semanas intentando convencer a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de tomar medidas más duras, tenía que actuar. Pero Díaz Ayuso no se movía de que el confinamiento perimetral de Madrid supondría la asfixia económica. Y luego la orden del Ministerio de Sanidad, aprobada por la mayoría de los consejeros del ramo de las CCAA, fue tumbada por una decisión sorprendente (diferente de otra anterior del mismo tribunal del 25 de setiembre) alegando que se violaban derechos fundamentales. El desenlace era ya inevitable y la solución era proclamar el estado de alarma. Además, la propia Isabel Díaz Ayuso pedía a los madrileños que no salieran de puente, pero se negaba a acordar con el Gobierno las decisiones inevitables. Y el ministro Salvador Illa, rebajando su acostumbrado tono conciliador, contestaba con convicción a una interpelación de Ana Pastor en la comisión del Congreso. El viernes, tras la decisión del Gobierno, Illa fue rotundo: “La paciencia tiene un límite y la primera obligación del Gobierno, de cualquier Gobierno consciente de España, es proteger a sus ciudadanos”. Pedro Sánchez ha tomado la decisión correcta por muchas protestas y complicaciones que comporte. Sánchez no tiene mayoría y por lo tanto menos autoridad, las disfunciones del sistema autonómico no siempre facilitan el acuerdo del Gobierno central con los de las autonomías, la Comunidad de Madrid tiene una presidenta del PP que se ha erigido en el ariete contra el Gobierno PSOE-Podemos, pero al final el Gobierno está obligado a tener la última palabra. No ejercer la autoridad -a no confundir con el abuso de autoridad- genera desórdenes que en este caso -la salud pública- tendrían consecuencias muy graves para el bienestar de los españoles. Es una decisión dura pero inevitable que traerá complicaciones, entre ellas quizás una mayor degradación de las ya pésimas relaciones entre el Gobierno y el PP. Pero algunos consejeros de la Comunidad -empezando por el vicepresidente Ignacio Aguado, que es de Cs- ya se han distanciado de Díaz Ayuso, que tampoco es secundada por todos los presidentes autonómicos del PP. Además, un informe del FMI, conocido el mismo jueves, concluye que “los confinamientos imponen costes a corto plazo, pero conducen a una recuperación más rápida ya que reducen las infecciones y, por ende, la duración del distanciamiento social voluntario”. Quedan múltiples incógnitas. Una de ellas, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Tiene algo que ver -esta y otras actuaciones recientes- con el conflicto de las últimas semanas entre el Gobierno (a veces torpe) y parte del mundo judicial por la no renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva ya dos años de retraso? Es un interrogante relevante. Merecerá una reflexión.

Sánchez e Illa deciden la alarma

El Gobierno ha optado por ejercer la autoridad ante las dudas y el plante de la presidenta de Madrid

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