Desde hace mucho tiempo, demasiado, el debate político en las instituciones, entre los líderes y partidos parlamentarios, los medios de comunicación, el tejido asociativo y entre la ciudadanía, en el que, después de las discusiones que sean necesarias, se debe llegar a transacciones, pactos y acuerdos de gobernabilidad y de respeto a los mismos, el debate, decía, ha desaparecido y ha dejado paso a los insultos, las descalificaciones y las querellas judiciales. En España y en Catalunya empezamos a estar más pendientes de las sentencias de los tribunales, de las denuncias y demandas interpuestas que de los proyectos de ley, las propuestas de los partidos y de sus dirigentes, las iniciativas legislativas populares y los acuerdos de gobierno o las votaciones parlamentarias.