No están las cosas como para que el Gobierno de Pedro Sánchez meta la pata también en los asuntos que no tienen relación con la gestión de la pandemia de coronavirus. Menos aún si estas cuestiones afectan a materias tan delicadas en la política española como son a qué actos puede o no asistir el Rey, tienen relación con el Poder Judicial, seguramente también con la situación política catalana, y en las que el Ejecutivo no quiere o no puede explicar los motivos por los que toma una determinada decisión. En este caso, en concreto, el Gobierno no ha sido capaz de exponer las razones que le han llevado a impedir que Felipe VI viajara a Barcelona, al parecer en contra de su criterio, a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Por el contrario, únicamente ha balbuceado excusas contradictorias, que llevan a pensar en un error garrafal.