La situación de la Comunidad de Madrid es, a estas alturas, la más crítica de España, con el riesgo de rebrote más allá de los 590 puntos (muy por encima de la elevada media española: 348), el colapso en la asistencia primaria y cifras realmente alarmantes, como los 642 positivos por 100.000 habitantes o como la ocupación de un 22% de camas hospitalarias por pacientes de covid-19. El problema de fondo, sin embargo, no se reduce a este panorama sombrío, de números espeluznantes, sino a la falta de reacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a la indeterminación del Ejecutivo autonómico, a la falta de actuación contundente y clara.

Mientras que el responsable de Sanidad anunciaba restricciones a la movilidad e incluso confinamientos selectivos en determinadas zonas, la presidenta se desmarcaba de las medidas propuestas y simplemente aseguraba que «se estudian también otras alternativas». La reacción del ministro Salvador Illa ha sido moderada, a la espera de valorar distintas opciones si desde Madrid no se actúa con la firmeza que requiere el momento. Díaz Ayuso parece no contemplar la opción del estado de alarma, pero el peligro extremo está presente y solo cabe actuar con responsabilidad.