La batalla por la marca de Junts per Catalunya está alcanzando el sainete. Lo más jocoso: la judicialización que ha tomado el asunto. Cosas veredes. Todo empezó el aciago otoño del 2017, cuando la coalición de CDC y PDECat (diferentes nombres para una misma cosa) crearon el artefacto de JxCat a la medida de Carles Puigdemont. El 155 se había impuesto en Catalunya y el escurridizo 'president' ya andaba en Bélgica. ¿Recuerdan aquella rueda de prensa en Bruselas? Una glosa al talante dialogante independentista y una diatriba contra el muro del Estado español.

A Puigdemont le sobra todo lo que interfiere a sus intereses. Sin percibir el hueco que hay entre él y su ensoñación de Catalunya, se cree el dueño de la situación y del partido que pusieron en sus manos. Así, no ha dudado en sustraer las siglas para su nueva formación particular. Sin más opciones que tragar o tragar, el PDECat ha demandado a JxCat por el uso del nombre. Los senadores afines a Puigdemont han abandonado el PDECat por "poner a los tribunales por delante del diálogo". Curiosa apelación al diálogo. Curioso modo de llamar a la coerción.