Me parece que ha llegado la hora de replantear los mecanismos de garantía de los derechos en la lucha actual contra la pandemia. Hemos visto la frecuencia con la que se emiten resoluciones contradictorias por parte de distintos jueces, que, ante medidas parecidas, dictan resoluciones diferentes. El confinamiento forzoso de 400 personas en un hotel de Tenerife no planteó ningún problema al juez que ratificó la decisión administrativa antes de que entrara en vigor el estado de alarma. En cambio, y a tenor de la información divulgada el pasado sábado, un juez de Ciudad Real se niega a ratificar algunas medidas propuestas para combatir el coronavirus en Alcázar de San Juan. Su argumento principal sería que se vulneran derechos fundamentales con esas medidas. Que son, entre otras, la obligación del uso de mascarillas, incluso en lugares cerrados, y la prohibición de salida de los internos en centros sociosanitarios salvo casos de fuerza mayor. Tampoco ratificó la prohibición de fumar en las terrazas, en una línea parecida al juez de Madrid que el pasado viernes entendió que la comunidad autónoma madrileña carecía de atribuciones para hacerlo hasta que no publicara el BOE una orden ministerial, cuya existencia nadie ponía en duda.