El rey demérito

El rey emérito se ha convertido en rey demérito. Las 'catedrales emocionales', en expresión del filósofo Michel Lacroix, que se levantaron en su día se han derruido. La excesiva carga emocional del relato construido sobre Juan Carlos I -su papel en la Transición y en el golpe de Estado del 23-F- se ha girado en su contra. Emerge otro relato emocional, en sentido inverso, para desacreditar no solo su conducta sino a la Monarquía parlamentaria y, por extensión, al llamado 'régimen del 78'. El rey demérito se ha ganado a pulso este calificativo. Ha caído del pedestal por méritos propios: confundió la inmunidad con la impunidad. Una inmunidad, dicho sea de paso, de la que goza también el presidente de la República francesa: no está sujeto a responsabilidad política, penal, civil y administrativa por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. En el resto de casos, esta inmunidad es temporal: concluye un mes después de acabar su mandato. Desde esta óptica, la exigencia de responsabilidades por un caso que podría esconder al menos dos delitos -blanqueo de capitales de origen ilícito y fraude a la Hacienda pública- no está reñida ni con la presunción de inocencia ni con el carácter personal de estos delitos. Intentar convertir el caso en una causa general contra la Constitución de 1978 significa desconocer los cimientos de nuestra Carta Magna y el papel que asigna a la Monarquía parlamentaria. Garante de los "valores republicanos" España, según el artículo primero de la Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La Monarquía arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56.1) y no está en contraposición con los "valores republicanos" que a menudo se invocan. Lo expliqué en su día y lo repito ahora: estos valores son, precisamente, los que introdujo en España la Constitución de 1978. Philippe Nourry, periodista e hispanista francés, escribió un libro -'Juan Carlos I, un rey para los republicanos' (Planeta, 1986)- en el que presentaba la Monarquía como garante de los "valores republicanos", es decir, de aquellos principios que emanan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El entonces rey fue huésped de la Asamblea Nacional -el sanctasanctórum de la República- el 7 de octubre de 1993. Aquel hecho solo tenía un precedente: la intervención del presidente norteamericano Woodrow Wilson en 1919. Philippe Séguin -un gaullista social de perfil jacobino que presidía la Cámara- no escatimó elogios a Juan Carlos I. Este, en su discurso en francés, dijo que tenía en la Declaración de los Derechos del Hombre "una fuente permanente de inspiración": "Desde la unidad que simboliza la monarquía que encarno, España ha reencontrado y profundizado la riqueza de su diversidad, el pluralismo de las culturas nacionales que constituyen su identidad histórica". Evidentemente, agua pasada no mueve molino. Lo que entonces se hizo no es excusa para no hacer los deberes que ahora tenemos pendientes, incluida la puesta al día de la Constitución, el papel de la Monarquía parlamentaria y el carácter "inviolable" de su titular. Tampoco para exigir transparencia sobre el caso que afecta al rey emérito y para que la justicia depure responsabilidades. Los aciertos de Juan Carlos I en la Transición y su papel frente al fallido golpe de Estado del 23-F no pueden ser esgrimidos como coartada ante a la cadena de errores -veremos si de delitos- que han abocado en su huida de España. Pero sus errores tampoco pueden ser usados como argumento para empañar la reputación de la democracia española. Repito: es el papel del rey emérito y no el de la Monarquía parlamentaria el que está ahora en entredicho. Juan Carlos I cumplió con acierto su función en la gestación del consenso constitucional, como explican Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra en su Crónica secreta de la Constitución (Tecnos, 1989).También, superando vacilaciones iníciales, la noche del 23-F. Su padre, el conde de Barcelona, le advirtió entonces: "Recuerda que muchos borbones han muerto en el exilio". Aquella advertencia puede hacerse un día realidad, pero no por falta de tino en su papel moderador, sino por haber confundido inmunidad con impunidad. No es este sólo un error de Juan Carlos I. Otros políticos han caído en la misma trampa. Permítanme una acotación en clave catalana: el rey emérito es a la Monarquía parlamentaria lo que Jordi Pujol a la presidencia de la Generalitat. Están en tela de juicio sus conductas; no las instituciones que representaron.

El rey demérito

Emerge un relato emocional para desacreditar no solo la conducta de Juan Carlos I sino a la Monarquía parlamentaria y, por extensión, al régimen del 78

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