La regla del gasto impuesta por el PP a los ayuntamientos en el 2012 forzó a muchos consistorios a acumular un dinero que no podían ni pueden gastar aun en tiempos de emergencia para no generar déficit. En cuanto el coronavirus asoló las arcas del Estado, la ministra de Hacienda le echó el ojo a los aproximadamente 14.000 millones de superávit local. Primero pensó en traspasarlos lisa y llanamente a Hacienda, convirtiendo a los ayuntamientos en financiadores del Gobierno. Los alcaldes, comenzando por los socialistas, clamaron al cielo ante una idea tan descabellada; aunque el objetivo de acabar con el absurdo fuera compartido por todos. El plan inicial se fue complicando a medida que se iba modificando, hasta llegar al acuerdo 'in extremis' alcanzado en la FEMP gracias al voto de calidad del presidente, alcalde socialista de Vigo, y la abstención del representante de IU-Unidas Podemos.
SUPERÁVIT LOCAL
Un acuerdo enrevesado para sortear un absurdo
El pacto entre Hacienda y los ayuntamientos debería haber consistido en algo más sencillo: devolver a los municipios su autonomía financiera
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros. /
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