Un acuerdo enrevesado para sortear un absurdo, por Jordi Mercader

La regla del gasto impuesta por el PP a los ayuntamientos en el 2012 forzó a muchos consistorios a acumular un dinero que no podían ni pueden gastar aun en tiempos de emergencia para no generar déficit. En cuanto el coronavirus asoló las arcas del Estado, la ministra de Hacienda le echó el ojo a los aproximadamente 14.000 millones de superávit local. Primero pensó en traspasarlos lisa y llanamente a Hacienda, convirtiendo a los ayuntamientos en financiadores del Gobierno. Los alcaldes, comenzando por los socialistas, clamaron al cielo ante una idea tan descabellada; aunque el objetivo de acabar con el absurdo fuera compartido por todos. El plan inicial se fue complicando a medida que se iba modificando, hasta llegar al acuerdo 'in extremis' alcanzado en la FEMP gracias al voto de calidad del presidente, alcalde socialista de Vigo, y la abstención del representante de IU-Unidas Podemos. El pacto entre Hacienda y la FEMP tiene un aspecto positivo al permitir poner en circulación un dinero muy necesario para los ayuntamientos y también por los diferentes aspectos incorporados al acuerdo: 400 millones para hacer frente al déficit del transporte público, promesa de revisión de la financiación local y de suspensión de la regla de gasto, y la participación del sector local en los fondos europeos, una posibilidad que ya dejó caer el presidente del Gobierno tras la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Sin embargo, para ser un pacto histórico como lo calificó el PSOE, debería haber consistido en algo más sencillo: devolver a los ayuntamientos su autonomía financiera, liberándolos, simplemente, de la regla de gasto y haciéndoles partícipes de la flexibilización del déficit promulgada por Bruselas. El documento final impuesto por la ministra María Jesús Montero es complejo, casi enrevesado. Servirá para burlar los dos inconvenientes legales existentes para la libre utilización del dinero local; pero en base a incentivar a los ayuntamientos a traspasar su superávit a Hacienda para así tener acceso proporcional al fondo de subvención creado por el ministerio. En 15 años (el plazo se amplió en cinco años a las pocas horas de cerrarse), los ayuntamientos que accedan a traspasar el superávit habrán recuperado también sus fondos y se supone que para entonces ya podrán utilizarlo sin obstáculos. Los ayuntamientos necesitan oxígeno, asfixiados como están por los costes ocasionados por el coronavirus y la amenaza de una crisis económica que disparará el gasto social hasta extremos angustiosos. El regusto de desconfianza generado por el mecanismo aprobado para hacer circular su dinero, denunciado desde el PP hasta Unidas Podemos, pasando por Quim Torra (cómo no, azuzando a los alcaldes catalanes a negarse a transferir dinero al Estado), se endulzará cuando se cumplan el resto de compromisos fijados. Eso, de conseguir la ministra de Hacienda su aprobación parlamentaria. La búsqueda de liquidez le puede haber obnubilado a ella y complicado la vida a su presidente.

Un acuerdo enrevesado para sortear un absurdo

El pacto entre Hacienda y los ayuntamientos debería haber consistido en algo más sencillo: devolver a los municipios su autonomía financiera

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