La suspensión preventiva del tercer grado a los condenados por el 'procés' (excepto a Dolors Bassa y Carme Forcadell por una interpretación diferente del juez sobre las medidas cautelares), ha suscitado no solo la crítica del independentismo, que la ha calificado de “acto de venganza de un Estado parajudicial”, sino también la queja de sectores de izquierdas que siguen mostrándose comprensivos con la actitud de unos políticos condenados, no por sus ideas, sino por los delitos que cometieron en 2017. La reacción más relevante por su condición de vicepresidente del Gobierno ha sido la de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha lamentado en twitter la decisión y, aunque no ha querido valorarla judicialmente, considera que es “una mala noticia para los que defendemos el diálogo”. Añade también que no duda del compromiso de los presos “con la democracia y el diálogo”. Lo sencillo sería darle la razón atendiendo al repetido argumento del diálogo, per hay dos objeciones que lo impiden.