Más imaginación y menos restricciones frente al covid-19

Es siempre decepcionante que un político tome decisiones autoritarias preso por el pánico. Pero es aún más decepcionante que ni siquiera piense prioritariamente en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino más bien a veces en la protección de sus expectativas electorales que podrían verse amenazadas si no se toman decisiones drásticas, para dar sensación de eficiencia. Protesté con mucha reiteración la decisión del Gobierno del Estado de decretar un confinamiento domiciliario de la población. Era inédito en el mundo, más allá de China y otros países que no son democráticos. No existía riesgo sanitario por caminar a solas por la calle con distancia de seguridad, como reconoció semanas después Fernando Simón. Esa angustia añadida a la que se sometió a la población fue muy cuestionable y contraproducente para muchísimas personas. Igual que tampoco sirve para nada el uso abusivo de la mascarilla caminando a solas por la calle donde pueda guardarse la distancia de seguridad. Pero ahí se han lanzado varios gobiernos autonómicos a imponer una medida a los transeúntes, mientras estos observan a su lado terrazas de bares llenas a rebosar de gente sin mascarillas, o corredores que pasan resoplando a escasísima distancia de ellos. Vulneración de derechos fundamentales Denunciaré siempre la imposición de normas absurdas, pero con más razón cuando vulneran un derecho fundamental. Desde el mes de marzo se recluyó a la población en sus casas, no restringiendo sino anulando en la práctica el derecho a la libre circulación. Y ahora que ya habíamos salido de esa zozobra ciertamente inútil –insisto en la opinión de Simón–, viene un Gobierno autonómico, en este caso el catalán, intentando hacer lo mismo sin tener ni tan siquiera competencia para ello. No es de extrañar que la fiscalía advirtiera a la jueza para que no avalara la medida, por falta de competencia de la administración autonómica y por entenderla desproporcionada. Y no crean que es algo insólito. Hace pocos días el Tribunal Superior de lo Administrativo de Münster (Alemania) anuló varias medidas de confinamiento mucho más suaves en Gütersloh, donde había habido un brote derivado de una granja porcina. Lo hizo por falta de proporcionalidad, igual que la jueza de instrucción de Lleida este domingo. Que la resolución podría haber estado mejor motivada no voy a negarlo, aunque la precipitación con la que debió ser redactada tampoco dejaba mucho margen. Además, se trataba de una jueza de guardia cuya competencia habitual no es ocuparse de medidas sanitarias, sino de la investigación de delitos, aunque eso pudo haber sido evitado si la Generalitat no hubiera elegido el fin de semana para implementar la medida. Un Gobierno autonómico no posee competencia para restringir hasta casi anular el derecho a la libre circulación, restricción que aunque fuera algo más suave que fue la estatal, seguía siendo igualmente agresiva. Y no la tiene con ninguna norma que pueda emitir, tampoco un decreto-ley. Solo el Gobierno del Estado puede hacer equilibrios en esa materia con los estados de alarma, excepción o sitio. Pero más allá de ese debate jurídico existe otro tema de mayor calado aún. En varios países europeos, al implementar medidas de protección contra el covid-19, los políticos informan a la población con mucha paciencia, reiteración, con muy pocas directrices, breves y muy claras, y poniendo siempre por delante, expresamente, la protección de los derechos fundamentales. Aquí prácticamente ningún político habla de los mismos, y hasta se tiende a ridiculizar a quien lo hace acusándole de despreciar el derecho a la vida, lo que es una infamia. Además, ha llegado un momento que la acumulación de normativa es tan abusiva que ni los juristas estamos seguros de lo que tenemos que hacer cuando estamos en la calle. Falta mucha imaginación. No puede ser que la medida prioritaria ante una pandemia sea encerrar a la gente en su casa. Hay alternativas, como la recomendación de reducir desplazamientos o la reducción del número de personas que pueden reunirse. La policía, preferiblemente de paisano, puede hacer labores de mediación para evitar la formación de grupos. O para recomendar con paciencia el uso de la mascarilla. No hace falta imponerla indiscriminadamente en situaciones que no son peligrosas mientras se autoriza en otras que sí lo son. La clave está en informar debidamente a la ciudadanía para fomentar su autorresponsabilidad sin dar por supuesto que la gente no sabe comportarse.

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