La rebelión de la provincia

Todos identificamos a Quebec como la provincia díscola de Canadá, pero ahora ha sido Alberta la que ha anunciado un referéndum de gran calado político. Jason Kenney, su primer ministro conservador, lo proclamó hace unos días. Eso es un síntoma de un malestar profundo, que hay que considerar antes de entrar en el detalle de la iniciativa. Alberta es una de las provincias más ricas, y desde hace bastantes años es contribuyente neta al sistema de financiación. Pero una gran parte de su riqueza proviene del petróleo, que obtienen en gran parte del tratamiento de arenas petrolíferas. Ese procedimiento tiene un impacto ambiental muy controvertido, y deja de ser rentable si baja el precio del petróleo. El Gobierno federal ha legislado para regular las industrias de la energía y proteger el medio ambiente, lo que ha provocado un gran rechazo en Alberta. Entre otras cosas, porque los ingresos fiscales de la explotación de los recursos corresponden a las provincias. La economía del petróleo parece destinada a languidecer a medio plazo, y los albertanos temen el fin de su prosperidad. El miedo se transforma en irritación fácilmente, cuando se observa la oposición al oleoducto Trans Mountain. Ese es un proyecto estratégico para facilitar la exportación del crudo hacia el Pacífico y al Atlántico, y despierta una hostilidad importante en muchas provincias. Entre ellas la de Quebec, que por cierto es beneficiaria neta de la solidaridad interterritorial a la que contribuye Alberta. La mención a la provincia francófona es pertinente, porque la agenda política federal se ha centrado en ella para contener al independentismo. Otras provincias, como Alberta, han considerado que esa dedicación al conflicto quebequés ha desatendido sus problemas. Con ese telón de fondo, no debe sorprender a nadie se busque atraer la atención política mediante un referéndum previsto para finales de 2021. El primer ministro provincial ha dicho que el referéndum solo se desconvocará si se deroga la ley federal mencionada y cesa la oposición al oleoducto. La pregunta será: “¿Aprueba usted la derogación del artículo 36 de la Ley Constitucional de 1982, por el que se establece el principio de equiparación?”. Ese principio pretende garantizar la suficiencia financiera de las provincias más pobres con la contribución de las más ricas, para que la prestación de servicios públicos tenga un nivel equiparable en todo el territorio. El mecanismo empezó a funcionar en 1957, y adquirió rango constitucional en 1982. La solidaridad interterritorial en España Si queremos tener una idea más clara de lo que significa ese referéndum, imaginemos algo parecido en nuestro país. Supongamos que el presidente de una comunidad autónoma descontenta con el sistema de financiación anuncia un referéndum para alterar el artículo 138.1 de la Constitución española, haciendo desaparecer el principio de solidaridad interterritorial. Eso es lo más parecido al planteamiento del premier albertano. La imaginación se detiene aquí, porque como sabemos, en España la autorización de los referéndums es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.32º). Y hay que precisar que, al contrario de lo que a veces se dice, en Canadá las provincias pueden convocar referéndums sin autorización federal. Si el referéndum tiene lugar no será por la liberalidad de Ottawa, sino porque Alberta tiene la competencia para hacerlo. Incluso tiene una ley para los referéndums que tengan como objeto la reforma de la Constitución federal, que data del año 2000. Ahora bien, lo que es jurídicamente posible no siempre es viable y oportuno. La propuesta del referéndum, y su pregunta, sigue la recomendación de un panel de expertos que han redacto un documento de título expresivo: “Un trato justo para Alberta”. Cualquiera que acceda a él verá que no busca la secesión; su logo une el perfil del mapa de la provincia con la hoja de arce que simboliza Canadá. Pero en Alberta, como en la Columbia Británica, hay movimientos separatistas que creen que estarían mejor fuera de una federación que a su juicio les ignora. Rachel Noytel, la líder de la oposición socialdemócrata de Alberta, ha criticado la iniciativa del referéndum. Comparte el malestar por el sistema de financiación, pero cree que el referéndum puede generar frustración. El cambio constitucional que promueve necesita el acuerdo de otras seis de las diez provincias canadienses. Y es muy difícil que pueda prosperar sobre la base de la insolidaridad de una provincia próspera. Quizá algunos consideren que la frustración es un sentimiento que basta para construir un proyecto político, pero es difícil de gestionar. No es fácil de reconducir al pragmatismo cuando el populismo se ha desatado.

La rebelión de la provincia

El primer ministro conservador de Alberta ha convocado un referéndum contra el sistema federal de financiación de Canadá

Quizá algunos consideren que la frustración es un sentimiento que basta para construir un proyecto político, pero es difícil de gestionar

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