Guillem Lopez Casasnovas: Estudio de caso público-privado

Lo denominan estudio de caso. En el área económica se suele calificar como business case, que suena mejor en las escuelas de negocio. Va sobre la colaboración público-privada. Se trata de una administración sanitaria, desbordada por la crisis del virus. Se la ha criticado por llegar tarde, no prever lo que venía y no tener suficiente capacidad de respuesta. Gato escaldado sabe, ahora, que debe prepararse por los rebrotes. Quiere mostrar que tiene capacidad para hacer las cosas mejor que otros, de manera que, quien manda da órdenes para almacenar guantes y mascarillas, e incluso agujas y jeringuillas. No sea que la vacuna llegue más pronto de lo que se cree y nos coja sin provisiones. El almacenamiento tiene coste, pero ¿quién lo puede cuestionar? Ojalá que no se hayan hecho provisión aún de dosis de vacuna de un virus mutante, como ocurrió con los dos millones de unidades que en su día lanzó el Gobierno de Zapatero por la gripe A. Los expertos han trazado el camino correcto para afrontar rebrotes: detectar en la asistencia la primaria, diagnosticar en la unidad de vigilancia epidemiológica, establecer los nudos del contagio y, una vez detectados, realizar la trazabilidad de la infección con llamadas telefónicas y otros medios de seguimiento. La continuidad requiere durante un puñado de días disponer de una centralita de veinticuatro horas para aviso de urgencias que deberían movilizar los escalones anteriores: el servicio de vigilancia para confirmar y la atención primaria para reparar. "No me gusta que me suponga un coste adicional que la Administración esté entretenida con cómo se realiza seguimiento del rebrote" Todo correcto y con estándar internacional. La Administración, que conoce la dificultad que supone el último peldaño, poco creativo, rutinario, pero necesario, piensa que quien mejor puede hacer esta tarea es quien ya la está haciendo: la centralita del servicio de salud para el resto de la asistencia, concesión que ha ganó en su día en tiempo y forma. Sanidad piensa que no puede hacer un nuevo concurso específico porque sabe cuánto se puede llegar a tardar para satisfacer todos los requerimientos que la propia Administración general impone, y piensa que puede contratar por urgencia. ¿Cuándo será urgente si no ahora? Establece un plazo máximo de dos años para no pillarse los dedos y un techo máximo de coste que va de menos a más, según evolucione la epidemia. Es en este punto que emergen los políticos sin medida: cogen la cifra máxima como si fuera la ordinaria, la dividen por número de puestos ocupados en la centralita (desestimando que son tres turnos de trabajadores) y se formula, desde el escándalo, la pregunta parlamentaria. Tiemblan las piernas de quien debe decidir, y el responsable político, que, a pesar de que quiere cubrir a lo suyos, recibe aviso de que hay que evitar el tsumani demagógico que se avecina. Y ojalá que no se le haya exigido cortar la cabeza del técnico para así limpiar culpas. Lo que digo es todo aproximado, tal como se hace con un caso de estudio, obviando detalles y matizaciones. No conozco la empresa afectada, pero me conozco como contribuyente: tengo asumidos los impuestos que me toca pagar, pero no me gusta que, por la debilidad de unos y el politiqueo de otros, me suponga un coste adicional que la Administración esté entretenida con este asunto. Más aun si hay rebrote y no disponemos de una centralita como es debido, ya sea porque los trámites administrativos están incompletos o porque alguien ha pensado que esto de coger el teléfono lo pueden hacer los 'boy scouts', con perdón de los 'escoltes' de Catalunya.

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