Acabar con los abusos derivados de la reforma laboral abordada por el PP en los tiempos del austericidio del 2012 es una tarea irrenunciable. Forma parte, desde su inicio, de los propósitos del actual Gobierno de coalición. Antes de la pandemia ya existía un cierto nivel de consenso entre los agentes sociales, incluso en el seno de la patronal, sobre la necesidad de limar, cuando no anular, algunos de estos aspectos. En otros no existía tal consenso y para eso estaba constituida la mesa del diálogo social con casi una decena de asuntos sobre la mesa.