La crisis provocada por el cierre de las actividades económicas para frenar la pandemia de covid-19 ha dado sentido de urgencia a la necesidad de una renta mínima vital para aquellas familias que carecen de ingresos para llevar una vida digna. Se trata de algo más de un millón de hogares españoles, equivalente a 3,5 millones de personas, muchos de ellos niños y adolescentes.

Pienso que hay un acuerdo amplio sobre esta necesidad. El Gobierno de Pedro Sánchez dispone del apoyo necesario para introducir esta pieza en el sistema de protección social español. Como ya señalé en un artículo anterior, España es el único país europeo que no dispone de una renta mínima estatal contra el riesgo de pobreza. Esta carencia explica que seamos el país donde más ha crecido la pobreza en la última década.

Pero ¿esa renta mínima ha de ser temporal, solo durante la crisis, o permanente? Aquí comienzan los desacuerdos. Algunos creen que debe ser solo temporal porque si fuese permanente muchas personas que recibieran esa renta caerían en la “trampa de pobreza”. Es decir, se acomodarían y no tendrían interés en buscar empleo por su cuenta. Es una opinión intuitiva que la evidencia no confirma.

A mi juicio la renta mínima estatal debe ser permanente. Para explicar por qué, permítanme que formule cuatro enunciados en forma de postulados que casi no necesitan demostración.

Primero. Las familias necesitan un ingreso mínimo que les permita comprar aquellos bienes y servicios que les hagan sentirse dignos, sentir que tienen el reconocimiento de los demás y dar oportunidades a sus hijos. Una sociedad decente no puede negar este derecho a todos sus miembros.

Segundo. En las economías de mercado, la forma principal a través de la cual las familias obtienen los ingresos necesarios es a través del empleo.

El capitalismo necesita el consumo

Tercero. Para funcionar de forma estable, el capitalismo de mercado (el sistema económico que se basa en el consumo) necesita que las familias tengan ingresos para comprar los bienes y servicios que producen las empresas. El capitalismo de mercado no puede funcionar solo con el consumo de los más ricos.

Cuarto. La economía de mercado no es capaz de asegurar el pleno empleo. Esta es una de las lecciones que nos dejó el gran economista británico John Maynard Keynes. Tanto cuando la economía funciona bien (expansión) como cuando funciona mal (recesión) el capitalismo de mercado no es capaz de asegurar un empleo para todo el que lo pida.

De estos cuatro postulados se extraen dos conclusiones importantes. La primera es que sociedad decente y capitalismo de mercado se necesitan mutuamente. La segunda es qué si la economía de mercado no puede garantizar un empleo con un ingreso para todos, es necesario que algún otro actor lo garantice.

El candidato más evidente es el Estado. Hay otro actor: el tercer sector, la sociedad organizada en comunidades diversas. Mercado, Estado y comunidad son los tres pilares de la prosperidad en la economía de mercado en la que vivimos. Déjeme ahora referirme solo al Estado.

¿A través de que vías puede el Estado garantizar los ingresos mínimos a las familias en situación de pobreza y, a la vez, estabilizar el crecimiento económico? De dos formas. Una es con una renta mínima permanente. Otra es que los gobiernos se comprometan con una garantía pública de empleo con ingreso mínimo (algo similar, pero más amplio, a lo que estamos haciendo ahora con los ERTE).

En el lenguaje de los economistas, la renta mínima y la garantía pública de empleo son “estabilizadores automáticos” del crecimiento. Actúan como los amortiguadores de los coches: cuando se meten en un bache atenúan el daño a los que van dentro y permiten que el coche continúe su marcha. Y de la misma forma que los amortiguadores del coche son permanentes, la renta mínima también debe serlo.

¿Son la renta mínima y la garantía pública de empleo mecanismos sustitutivos o complementarios? A mi juicio, necesitamos ambos, porque aún en situaciones de pleno empleo existirá pobreza. Pero permítanme dejar esta cuestión para otra ocasión.

En todo caso, la renta mínima y la garantía de empleo harán que los daños de esta crisis sean menores. Y que la economía se recupere más rápido de lo que se pronostica. La razón es que, a diferencia de una guerra, que destruye riqueza (puentes, carreteras, vías ferroviarias, edificios) el covid-19 no ha destruido riqueza, solo renta. El ingreso mínimo y la garantía pública de empleo permitirán que esa destrucción sea mínima.