Editorial

Felipe VI marca territorio

La decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de Juan Carlos intenta preservar a la Corona de toda sospecha de corrupción

El rey Juan Carlos, a su llegada, este viernes por la noche, a la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid). / EFE / KIKO HUESCA

La Casa del Rey hizo público ayer un comunicado contundente y extenso –de tres folios– para anunciar que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, Juan Carlos I, y le retiraba la asignación presupuestaria que en los últimos años ha ascendido a 194.232 euros. Esta reacción se produce después de que en las últimas semanas se hayan publicado, sobre todo en la prensa extranjera, noticias sobre presuntas irregularidades de Juan Carlos en el manejo de fondos opacos. La situación se había convertido en insostenible y por ello la reacción de Felipe VI, aunque pueda sorprender, es lógica.

Ayer mismo, el diario 'The Telegraph' publicó que Felipe VI era el segundo beneficiario de una fundación llamada Lucum, radicada en Panamá y ligada a una cuenta de un banco suizo, creada por su padre en el 2008, y que había recibido una donación de 65 millones de euros supuestamente del entonces rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud de Arabia Saudí. Según el comunicado, Felipe VI se enteró en marzo del 2019 de que era beneficiario por el despacho de abogados Kobre&Kim, el mismo que llevaba los asuntos de la amiga de Juan Carlos Corinna Larsen, y en abril acudió al notario para renunciar.

De otra fundación de la que también era beneficiario, la Zagatka, del pariente de su padre Álvaro de Orleans, el Rey asegura que no tenía conocimiento hasta ahora y renuncia asimismo a ser beneficiario.

El comunicado de la Casa del Rey pretende preservar a la Corona de toda sospecha de corrupción y para ello se distancia del rey emérito al reconocer implícitamente posibles actuaciones irregulares de Juan Carlos cuando afirma que Felipe VI renuncia a la herencia que «personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada». El asunto –investigado por las fiscalías suiza y española– está en manos de la justicia, que debe llegar hasta el final.