A las puertas de una sentencia que tendrá un enorme impacto político y emocional en la sociedad catalana, es imprescindible que estemos a la altura del momento histórico. Y que actuemos con responsabilidad para avanzar hacia una resolución democrática del conflicto entre Catalunya y el Estado. Es, de hecho, la única solución posible, porque la represión no acabará con un problema que es de naturaleza política. Sin embargo, parece que con el clima preelectoral el Gobierno español y el presidente Pedro Sánchez han entrado en una peligrosa e ineficaz dinámica de amenazas y judicializaciones que nos recuerdan, y mucho, a la de los gobiernos del PP.
A las referencias constantes al artículo 155 hay que sumar también la voluntad de censurar los debates en el Parlament de Catalunya. Que el Gobierno español quiera prohibir al Parlament manifestar determinadas opiniones -bajo la excusa de que desbordan el ámbito competencial- ataca directamente la esencia del parlamentarismo. Y es profundamente contradictorio cuando en algún parlamento autonómico han aprobado resoluciones a favor de la aplicación del artículo 155 en Catalunya con los votos a favor del PSOE. Y que conste que, a pesar de que me parezca contraproducente e incluso ridículo, defiendo su derecho a hacerlo. Porque la libertad de expresión solo tiene valor si la reivindicamos también, y especialmente, para los que no piensan como nosotros.
En el Parlament de Catalunya se ha de poder hablar de todo y se han de poder expresar todas las opiniones, no solo aquellas que gusten al Gobierno español. Es una obviedad, pero hay que reiterarla más que nunca frente a aquellos que pretenden delimitar el marco del diálogo y la palabra, empequeñeciéndolo cada vez más.
La Mesa que tengo el honor de presidir no puede censurar la iniciativa política de los grupos. No se puede convertir en un órgano censor ni en un Tribunal Constitucional en miniatura que analice, de manera preventiva, la constitucionalidad de las propuestas parlamentarias.
Hasta el 2014 el Tribunal Constitucional mantuvo esta misma posición, defendiendo que los pronunciamientos políticos de los parlamentos no son impugnables. Pero a partir de 2015, fruto de la presión política, hizo un giro copernicano y creó una doctrina ‘ad hoc’ para Cataluña que pretende impedir a los diputados y las diputadas del Parlament debatir sobre determinadas cuestiones.
Desde entonces vivimos permanentemente un intento de amordazar el Parlament que debería preocupar al conjunto de los demócratas, sean o no independentistas. Las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede discutir en la sede de la soberanía nacional. No renunciaremos a pronunciarnos sobre la invasión de Turquía en el Kurdistán, los derechos de las personas refugiadas o la emergencia climática, por poner solo algunos ejemplos.
Resoluciones políticas y tribunales
Con su actuación, el presidente Sánchez está demostrando el mismo menosprecio por el parlamentarismo que Mariano Rajoy. Llevar resoluciones políticas a los tribunales es absurdo. La inmensa mayoría social a favor del referéndum y los valores republicanos existente en Catalunya no desaparecerá con amenazas o suspensiones de resoluciones.
En vez de instrumentalizar el Tribunal Constitucional con fines políticos, el presidente Sánchez debería hacer política y negociar una solución democrática al conflicto entre Catalunya y el Estado. Si aún no lo ha hecho, solo puede ser por dos motivos. O bien no tiene ninguna propuesta para Catalunya más allá de los tribunales, lo que sería de una negligencia absoluta. O bien tiene miedo de ponerla sobre la mesa y someterla a votación junto a la que defienden más de dos millones de catalanes, lo que sería totalmente irresponsable.
Por eso, mientras yo sea presidente defenderé el derecho de los diputados y las diputadas del Parlament de Catalunya a poder hablar de todo, sin estridencias ni gesticulaciones, pero con firmeza y estima hacia la institución. Pero no lo haré para que esto sea o deje de ser desobediencia -que es un debate que me interesa poco- sino porque objetivamente nos sitúa en una posición mejor que la alternativa. Y porque humildemente considero que no nos podemos permitir otra cosa.
Y este creo que debe ser nuestro criterio en todos y cada uno de los retos que tendremos que afrontar en los próximos tiempos.
Tendremos que analizar si nuestros actos sirven para avanzar, para abrir escenarios mejores. O si bien no tienen ningún sentido práctico y quedan en el terreno meramente simbólico o retórico.
Del acierto de estas decisiones dependerá, en buena parte, el futuro del país. Que se merece, sin lugar a dudas, un Parlament donde la libertad de expresión esté en el centro, donde no haya lugar para la censura y las amenazas, y sí para la palabra, el diálogo y el acuerdo.
*Presidente del Parlament de Catalunya.