Los recortes en sanidad durante la última década han tenido efectos muy negativos en el sistema público de salud en todo el Estado y especialmente en algunas comunidades como Catalunya, Madrid y Valencia. Las aglomeraciones de pacientes en las urgencias hospitalarias y las largas listas de espera tanto para visitas médicas como para acceder a pruebas diagnósticas y a procedimientos quirúrgicos son algunas de las consecuencias más sobresalientes. No es pues casualidad que las listas de espera y la calidad de la sanidad en general sean una de las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos. Al sufrimiento de los pacientes y de las personas de su entorno causado por los recortes se añade un factor económico claramente negativo debido, por una parte, a la disminución de productividad de los pacientes afectados al no poder realizar sus trabajos de forma habitual y, por otra parte, a la utilización extra de servicios y terapias adicionales a la espera de los procedimientos diagnósticos y tratamientos definitivos.
El deterioro de los servicios públicos se debe al establecimiento de un libre mercado fomentado por intereses poderosos pero espurios que, de forma continua y progresiva, desvían una parte importante de los presupuestos sanitarios a consorcios y asociaciones especulativas. Este plan ha sido orquestado a través de una serie de actuaciones como son los recortes presupuestarios en sanidad, la desviación de pacientes de la sanidad pública a la privada, la ineficiencia y fragmentación de la gestión, el aumento de pacientes en las listas de espera, la precariedad e insuficiente número de profesionales, la falta de actualización tecnológica y la postergación de los profesionales que defienden una sanidad pública. En la parte I de este artículo presentamos algunas de estas actuaciones, que se completarán en la parte II.
1) Reducción de un presupuesto sanitario ya insuficiente: Desde el 2009, el gasto público en sanidad se ha reducido o no ha experimentado crecimiento. Con un gasto oficial del 6,26% del PIB en 2017 y un gasto público por habitante de 1.565 euros nos situaríamos a la cola de Europa y al mismo nivel de países como Grecia, Estonia, Hungría, Lituania o Polonia. A la infrafinanción del sistema sanitario se añade la injusta y desproporcionada distribución del presupuesto sanitario al dedicar tan solo el 14,3% a los servicios de Atención Primaria frente al 62,4% a los servicios hospitalarios y especializados.
2) Colaboración público-privada: La Comunidad Valenciana y la de Madrid son las que más han apostado por el modelo de contrato de colaboración basado en concesiones mientras que Catalunya ha liderado el flujo sanitario destinado a la contratación público-privada con un porcentaje del 24,1% y un importe de 2.450 millones de euros en el 2011, que en el 2016 aumentó a 6.175 millones de euros. Los defensores de la colaboración público-privada afirman que aumenta la eficiencia y la calidad de los servicios. Sin embargo, no hay ningún estudio que avale que la eficacia y la eficiencia mejoren con este tipo de partenariado. En realidad, este tipo de terminología se ha utilizado de forma perversa para ocultar el desvío de pacientes y recursos sanitarios de la sanidad pública a la privada.
3) Ineficiencia y fragmentación de la gestión: La gestión en el sistema sanitario público se caracteriza por una falta de transparencia y por una fragmentación en la canalización y distribución de los recursos que la hacen ineficiente. Se estima que entre el 20% y el 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por la ineficienciadesperdicia . Es reconocido que los sistemas sanitarios más eficientes evitan la fragmentación de los recursos.
4) Aumento de los pacientes en las listas de espera: Los pacientes en listas de espera para pruebas diagnósticas, para tratamientos quirúrgicos y para visitar a un especialista han aumentado desde el 2010 y las últimas estadísticas del 2018 revelan que unos 600.000 pacientes están a la espera de un procedimiento quirúrgico y 1,5 millones pendientes de una visita del especialista, con un tiempo medio de espera quirúrgico de más de 90 días y para consultas externas de casi 60 días. La creación de las listas de espera conducen a un desvío de pacientes a la medicina privada donde el gasto sanitario por procesos es muy superior al de la medicina pública.
El sistema sanitario público necesita respuestas claras y efectivas para revertir el deterioro sufrido durante la última década y en la parte II de este artículo presentaremos el impacto negativo del resto de las actuaciones enunciadas al principio.