El procesamiento de 30 altos cargos del Govern y de otros organismos públicos, además de algunos empresarios, por organizar el referéndum del 1-O nos recuerda que el proceso soberanista no solo se juzga en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, sino también en la causa abierta en el Juzgado número 13 de Barcelona, que es donde se iniciaron las diligencias. En el Supremo se juzga a los aforados, mientras que en el juzgado ordinario se ha investigado a los segundos escalones de las ‘conselleries’ y a cargos sin aforamiento. La jueza descarta los delitos de rebelión y sedición -por este, el anterior juez llegó a investigar a algunos de los ahora procesados- y observa cinco presuntos delitos: malversación -con una fianza solidaria de casi 6 millones de euros-, desobediencia, prevaricación, falsedad y revelación de secretos, por colaborar en distinto grado en un “plan conjunto” para celebrar el referéndum unilateral. Curiosamente, quedan exonerados el juez Santiago Vidal, con quien se iniciaron las pesquisas, y Carles Viver Pi-Sunyer, considerado el arquitecto jurídico del ‘procés’, además de otros 13 investigados.

Los procesamientos son el desenlace lógico de la investigación abierta en el juzgado, con el que se podrá estar o no de acuerdo, pero, en todo caso, no nos encontramos en “un estado de excepción judicial” ni los acusados cumplían un “mandato democrático”, como se apresuró a decir el ‘president’ Quim Torra en una declaración institucional.